Alberto Núñez Feijóo nos debe una explicación y esa explicación nos la tiene que pagar. Es público que, como senador del Reino, el líder de la derecha normal cobra de la Cámara Alta 72.952,6 euros brutos anuales, pero nada se sabe de cuánto percibe como presidente del Partido Popular. Distintos medios, aunque naturalmente ninguno de ellos de derechas, le vienen exigiendo esa explicación cuyos mimbres éticos expuso con memorable desparpajo el alcalde de Bienvenido, míster Marshall, pero Feijóo se resiste.

No es probable que conozcamos el dato -con toda seguridad sustancioso- antes de las elecciones del 23 de julio, dado que los abstrusos tiempos fijados por la ley de transparencia propician la opacidad: Feijóo tiene de plazo hasta el 17 de septiembre para pagarnos la explicación que nos debe, ya que al ser miembro de la Diputación Permanente del Senado dispone de 30 días para revelar su declaración de la renta de 2022 pero el plazo que empieza a correr a partir del 17 de agosto, fecha de constitución del nuevo Congreso y el nuevo Senado salidos de las urnas de julio. La ley no comparte las prisas de la ética. La pugna entre ambas suele saldarse a favor de la primera cuando no existe una opinión pública lo bastante articulada y vigorosa como para hacer que la ley renuncie a sus derechos en favor de los legítimamente esgrimidos por la ética.

Parece obvio que Feijóo no revela cuánto le paga su partido porque la cantidad debe ser bastante, cuando no escandalosamente, elevada. Desde luego, lo era en los casos de José María Aznar y Mariano Rajoy cuando presidían el partido desde la oposición y a quienes Génova abonaba, al cambio de hoy, cerca de 19.000 euros ¡mensuales! en 14 pagas, lo que equivalía a unos 260.000 euros anuales a los que los afortunados sumaban los no menos de 70.000 que cobraban como miembros del Congreso de los Diputados.

Un precedente andaluz

La singularidad de esta tradición salarial del Partido Popular según la cual es perfectamente legítimo cobrar dos sueldos -uno de las instituciones y otro del partido- por un solo empleo -el de político- es su absoluta opacidad. La filósofa moral norteamericana de origen sueco Sissela Bok lo explicó muy bien: en política, toda mentira u ocultación deliberada estaría justificada solo en el caso de que, al hacerla pública, resultara aceptable tras someterse al examen de gente razonable. ¿Resultaría aceptable saber que Feijóo ha cobrado del PP 70, 80 o 90.000 euros anuales además de su sueldo de senador?

El precedente más vistoso del caso Feijóo tuvo lugar en Andalucía hace la friolera de doce años, con Javier Arenas como protagonista. El 29 de junio de 2011 el entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán hacía pública su declaración de la renta de 2010 y retaba al líder de la oposición a hacer lo mismo. A Arenas le faltó tiempo para proclamar que haría lo mismo pero no para hacerlo. Habrían de pasar aún dos semanas hasta que, el 15 de julio, el líder del PP andaluz y los 46 diputados autonómicos del PP entregaran su declaración de IRPF al Parlamento.

Fue cuando se supo por qué Arenas se había resistido tanto a revelar sus ingresos: en 2010 había cobrado 178.179 euros brutos, lo que lo convertía en el político mejor pagado de Andalucía, a gran distancia sus inmediatos perseguidores. De esa cantidad, el PP le pagó la sauculenta cifra de 95.674 euros (algo menos que en 2009, cuando recibió del partido 106.614 euros), una supernómina que Arenas intentó vender al mundo como “gastos de representación”. Por supuesto, no convenció a nadie, salvo quizás a El Mundo.

La Patria no quiere pobretones

El propio Juan Manuel Moreno Bonilla, hoy presidente de la Junta de Andalucía, tampoco anduvo manco a la hora de cobrar. Entre 2004 y 2014 se embolsó silenciosamente algo más de un millón de euros, de los que unos 600.000 provenían del partido y el resto de los cargos institucionales que ocupó. Quienes, entre sus propios compañeros, tantas veces lo trataron de mediocre burócrata de partido hasta la carambola que lo llevó a San Telmo en 2018 seguramente no conocían la bien provista trastienda salarial de Moreno: cobrar esas cantidades siendo un político apenas conocido revela habilidades y talentos que no están al alcance de cualquier maniobrero de tres al cuarto.

Los sobresueldos permiten a los dirigentes del PP residir en barrios pudientes, educar a sus hijos en los más selectos colegios privados y llevar un tren de vida acorde con las altas responsabilidades que ostentan al servicio de la Patria. Aun así, muy probablemente un buen número de votantes del PP no ve con malos ojos que sus líderes cobren bajo cuerda tan abultadas cantidades: la derecha le tiene un respeto sagrado al dinero… propio. Un político cuyo sueldo solo le diera para vivir en Vallecas o en Carabanchel jamás tendría futuro en el Partido Popular.

Feijóo también ha intentado convencer al público de que es perfectamente normal que un partido “incremente” el salario de sus principales dirigentes. Pero, además de que incrementar no es lo mismo que doblar, si fueran tan normales como pretende el líder conservador, tales mejoras salariales serían públicas: no lo son porque en el fondo -y en la forma- son la pistola humeante de unas prácticas desvergonzadamente obscenas, ventajistas e indecentes.