La plantilla del servicio de transporte sanitario gallego arrancará el próximo viernes una huelga que será intermitente, pero a partir de marzo sería permanente si no hay acuerdo.

Detrás del conflicto está la negociación del nuevo convenio colectivo para el sector. Conversaciones que la patronal ha dado por rotas, mientras las centrales sindicales CIG, CCOO Y UGT corresponsabilizan de la situación al departamento de Sanidad del gobierno que preside Feijóo, al que acusan de precarizar las condiciones laborales en el sector y del desmantelamiento del servicio público, por sacar las licitaciones públicas por debajo de su coste; así como de aceptar propuestas temerarias presentadas por las empresas para competir entre ellas. Pero, además han asegurado, que Sanidad ni siquiera está obligando a las empresas a cumplir los contratos.

De esta forma, han asegurado, el servicio se presta con menos personal y menos vehículos de los establecidos en los pliegos de condiciones. Asimismo, en muchos casos, las ambulancias se encuentran en condiciones nefastas, ya que no tienen la dotación necesaria y las empresas no hacen la higienización correspondiente de los vehículos, ni de los uniformes obligados por ley.

“La Xunta conoce estos incumplimientos desde hace años, porque así se le ha trasladado en diversas ocasiones, pero se inhibe de sus responsabilidades tanto con la plantilla como con la ciudadanía”, ha denunciado Jesús Pastoriza, responsable de Transportes de CIG.

Un convenio colectivo enquistado

El convenio colectivo del transporte sanitario de Galicia se está negociando desde hace tres años pero, según los representantes de los trabajadores, la patronal no avanzó ninguna propuesta asumible, limitándose a formular recortes. Ante este bloqueo continuado, desde los sindicatos se desenvolvieron huelgas y protestas que se intensificaron durante el año pasado, para exigir tanto el desbloqueo del convenio colectivo, como la intervención de la Xunta en el conflicto, pero a pesar de la responsabilidad en esta situación, la Administración gallega está “totalmente desaparecida y ni está, ni nos recibe”, se han quejado los sindicalistas.

Ahora, ha llegado la ruptura definitiva de la mesa de negociación ante la propuesta de una reducción de un 10% del convenio, además de la posibilidad de impagos a partir del mes de marzo.

Esta rebaja se concreta en la reducción salarial de entre un 6 -7%, junto con la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal y de la reducción de los días de asuntos propios; así como la creación de tres escalas salariales a la baja, además de recortar el lavado de ropa y uniformes.

Frente a estas pretensiones, la representación social reclama que el nuevo convenio contemple las mejoras laborales y los incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido desde el 2015. Además reivindican el reconocimiento del derecho a percibir la tercera paga extra y la reducción del número de horas, que se ampliaron en los últimos años al crecer en un 20% el número de servicios realizados sin incrementar el personal. Junto a esto, también quieren limitar el abuso de la contratación en prácticas, puesto que las empresas están completando sus cuadros de personal mediante esta fórmula, por ser más barata, ya que durante el primer año las nuevas incorporaciones cobran el 60% del salario base y el 70% en el segundo.

Los paros que comienzan el próximo día 8 de febrero y serán por tramos de días hasta el próximo 10 marzo, pueden suponer el pistoletazo de salida a una huelga indefinida si antes de esa fecha no se alcanza un acuerdo.  Solamente se respetarán los servicios de urgencia, oncología y hemodiálisis.