El Gobierno de Núñez Feijóo ha consolidado la “regresividad fiscal” en la comunidad. Así lo ha manifestado la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Begoña Rodríguez Rumbo, tras rebajar 2.000 euros en el impuesto de Patrimonio a cada una de las 7.312 personas más ricas de Galicia. De este modo, el jefe del ejecutivo gallego, ha dejado de ingresar 12 millones de euros para los servicios públicos.

En el marco de un debate sobre el impacto de las medidas fiscales del gobierno presidido por Feijóo, tras haber rebajado este tributo en los presupuestos de la Comunidad para el 2019, la responsable socialista ha advertido que “mantener este gravamen tal y como estaba, después de haber sido incrementado en el año 2013, no iba a evitar un obstáculo para dejar de recaudar ni evitaría la llegada de nuevos inversores”. Con esta medida, ha explicado Rodríguez Rumbo a este medio, el PP “continúa en los presupuestos para el 2019 con la política fiscal que va en la misma senda de años anteriores. Esto trae como consecuencia, que en lugar de que las rentas más bajas dejen de pagar, perdona tributos a las rentas más altas”. Estamos hablando, ha matizado Rumbo, que “el impuesto que tiene mayor impacto por sus beneficios es el de Patrimonio y solo afecta al 0,25% de la población”.

Incumplimiento con el Consejo de Cuentas

Además en la comisión, el grupo socialista, había presentado una iniciativa para reclamar una evaluación del impacto de las medidas fiscales, así como la constitución en la Cámara autonómica de una mesa de diálogo para “acordar las rebajas fiscales selectivas que debe adoptar el Gobierno gallego, para garantizar que los servicios públicos tengan una financiación equivalente a la de los países más desarrollados de la UE”. Asimismo, la responsable socialista, ha criticado al PP por haber votado en contra del cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas de Galicia, para facilitar información sobre las Cuentas Generales de la Comunidad. Rodríguez ha destacado las contradicciones del grupo parlamentario de los populares, ya que mientras en el mes de marzo pasado votaban a favor de cumplir con las recomendaciones de la fiscalización del ejercicio del 2015, sin embargo, ahora rechazan lo mismo para el 2016 y el 2017.

En este sentido, el ente fiscalizador ha reclamado que la memoria de las Cuentas Generales incorporara la información de la situación financiera global del sector público autonómico, de la ejecución de los beneficios fiscales, así como del volumen de endeudamiento y el grado de cumplimiento de los objetivos, además del estado agregado de los compromisos y gastos futuros del sector público autonómico.

Para terminar, Rodríguez Rumbo, ha reclamado “un ejercicio de transparencia también a la hora de aprobar un Plan de Contabilidad Pública que cumpla con el proceso de armonización contable, para que la ciudadanía pueda tener las cuentas claras”.