El Parlamento de Galicia, con mayoría del Partido Popular, aprobó una propuesta política del grupo parlamentario socialista en la que reclamaban la licitación de la obra para construir un centro público para personas con discapacidad en la provincia de Ourense. Han pasado tres años y el gobierno de Feijóo continúa reservando el presupuesto para la obra. Mientras, la Fundación cuya presidencia honorífica sigue ocupando Benigno Moure, condenado a cinco años de prisión por detracción de cerca de 600.000 euros, ha anunciado, precisamente, la puesta en marcha de una residencia con 90 plazas para personas con discapacidad que prevé abrir en 2020.

Esta Fundación es una de las mayores prestadoras privadas de servicio público de Galicia y recibe una gran cantidad de dinero público. En concreto la Xunta, dirigida por Núñez Feijóo, oferta a través de los distintos centros de San Rosendo más de 800 plazas dirigidas a mayores y a personas con distintas capacidades, además de otras 18 plazas para gente en situación o riesgo de exclusión.

Esta Institución cuenta con 70 centros distribuidos por las cuatro provincias gallegas: residencias de mayores, centros de día, apartamentos tutelados, centros para personas con discapacidad y de recursos de rehabilitación, que suman en su conjunto cerca de 3500 plazas.

Sin embargo a pesar del incremento del que presume el ejecutivo autonómico, el último informe de fiscalización del gasto en atención residencial a personas mayores y dependientes que ha elaborado el Consello de Contas (Consejo de Cuentas) de Galicia, saca los colores al gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Destaca que, si bien el volumen de plazas en estos centros se ha visto incrementado hasta alcanzar un total de 19.986 en el año 2015, con una ratio de plazas del 3,05% sobre los habitantes mayores de 65 años, todavía no alcanza la razón del estado español, que se sitúa por encima del 4%, a unas décimas del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el dossier subraya, que se produce una mayor intensidad de crecimiento de las plazas privadas, llegando al 65%. Asimismo, destaca que, a finales del año 2016, de los 105 centros residenciales para la atención a la dependencia, 74 son de titularidad privada, frente a los 31 públicos. Esto, en número de plazas supone un 62% en centros privados, mientras que solo el 38% son en centros públicos.