Alberto Núñez Feijóo ha decidido no apartar de momento a su candidato a la Alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, y mantenerle además en el Comité de campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el 28 de mayo. Todo ello a pesar de que el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio al político catalán por un presunto delito de prevaricación continuada urbanística y ambiental.

La Fiscalía solicita para Albiol por estos hechos (permitir presuntamente la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana) un total de 2 años y 10 meses de cárcel, así como otros 10 años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación del ministerio público.

Suspendido inmediatamente de militancia, según los estatutos

Según los estatutos del Partido Popular, Xavier García Albiol debería ser suspendido inmediatamente de militancia por parte del Comité Nacional de Derechos y Garantías hasta que se dicte la sentencia. Si esta es condenatoria, la expulsión también es inmediata.

Pese a ello, desde Génova descartan adoptar medidas porque entienden que lo juzgado “no es corrupción”, aunque evidentemente la prevaricación sí que es un delito de corrupción.

“Dos antenas en una finca sin licencia no es corrupción”, han explicado hoy a la prensa fuentes de la dirección del partido.

El PSOE pide responsabilidades ante el silencio de Feijóo

Explicaciones que no han convencido en absoluto al Partido Socialista, que ha instado a Feijóo a adoptar las medidas oportunas ante una apertura de juicio oral por un delito de prevaricación “a uno de sus más directos colaboradores”.

“Vamos a saber si el Partido Popular sigue en sus habituales niveles de tolerancia amplia con la corrupción, o por fin se dignan a predicar con lo que piden a los demás”, han afirmado desde el PSOE tras recordar que Feijóo le nombró miembro de su Comité de Campaña.

“Feijóo tiene ahora mismo a un miembro de su Comité de Campaña en camino de juicio oral, al presidente del Consell de Ibiza imputado, a la alcaldesa de Marbella bajo investigación del Senado y con millones de euros de patrimonio por justificar, o al exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel por utilizar recursos públicos para actividades impropias de un Estado de Derecho”, explican desde el PSOE recordando que la apertura de juicio a Albiol no es un caso aislado en el Partido Popular.

“El Partido Popular está comenzando, una vez más, a tener demasiadas zonas de sombra y dirigentes en los juzgados. Demasiados como para que Feijóo siga callado y a la fuga para no opinar sobre nada”, subrayan los socialistas.

Albiol defiende su inocencia frente a lo sostenido por el juez

Por su parte, Albiol ha defendido su inocencia lanzando sombras de duda en la actuación de la Fiscalía. “No es casual que salga esta acusación a dos meses de las elecciones, en un momento en que nuestras expectativas en Badalona son buenas. Nada de lo que está ocurriendo obedece a la casualidad”, ha escrito en su cuenta de Twitter el político del Partido Popular.

Sin embargo, y al margen del criterio de la Fiscalía, el juez instructor considera en el auto que hay indicios suficientes que señalan que Albiol toleró que las antenas se montaran y estuvieran en funcionamiento, pese a su instalación irregular durante seis años en un espacio en que, por su naturaleza, “no resultaba posible”.

Lo cierto es que no fue hasta 2018 cuando las empresas de telefonía retiraron las antenas voluntariamente sin haber contado ni un solo día con los preceptivos permisos.

El juzgado destaca que Albiol, además de ser alcalde, ostentaba directamente la competencia para el otorgamiento de licencias de obras, ambientales, la incoación y resolución de expedientes de disciplina urbanística y resoluciones de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa ambiental.

En este sentido, el juez recuerda que Albiol era conocedor de la instalación irregular porque, además de tener las competencias, se reunió con un un sindicato de la Guardia Urbana que pedía la retirada de estos dispositivos.