Feijóo compra las tesis ultraderechistas para su propuesta migratoria: "Barrios enteros convertidos en lugares irreconocibles"

Alberto Núñez Feijóo, máximo mandatario del Partido Popular (PP), ha presentado este martes, desde Barcelona, su plan migratorio, basado en diez puntos. El lugar escogido por el conservador no es casual, pues Aliança Catalana avanza gracias a su discurso xenófobo. Génova 13 no disimula su campaña de captación de este voto reaccionario, tal y como hace con Vox en el resto de España, pero busca que las tesis racistas no afecten al negocio empresarial, dado que los inmigrantes son sostén de sectores económicos determinantes y la patronal no está por la labor de renunciar a mano de obra barata.

“La nacionalidad española no se regala, se merece”, ha espetado Feijóo, siguiendo el estilo de Vox: enunciados grandilocuentes que no abordan la supuesta problemática expuesta. El compromiso, eso sí, es diferenciar a las personas según su lugar de procedencia o, dicho de otra manera, “elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional”. Todo ello, traslada el gallego que hace cuatro años pedía acelerar la regularización de migrantes, para “poner orden donde hay desorden”.

Cuotas anuales por países

“Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles de nuestro país”, ha insistido en emular a la extrema derecha y sus “estercoleros multiculturales”. Porque Feijóo no es racista, es “ordenado, legal y humano”. Y este orden lo busca estableciendo “cuotas por países”, no combatiendo la migración millonaria que viene a España a especular, vía Golden Visa, con la vivienda y aprovecharse de paraísos fiscales como Madrid para engrandecer su fortuna, sin beneficio para el tejido social.

Ni rastro de combatir este tipo de migración millonaria en la propuesta de Feijóo, centrada en poner coto al acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cabe destacar que, para recibir la escasa cuantía de esta ayuda, se debe contar con la residencia legal en España desde hace un año y ser vulnerable, razón por la que el 82,5% de los perceptores son españoles. “Las prestaciones, que son concebidas para quienes más lo necesitan, no podrán convertirse en una forma de vida para nadie de forma permanente”, ahonda el conservador, señalando una vez más a los extremadamente vulnerables.

Contra el OpenArms, con las devoluciones en caliente

Además, Feijóo también propone “unificar en una única autoridad las competencias en inmigración”, concentrando todo el poder en una sola institución; reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Extranjería y el Código Penal “para perseguir delitos en aguas internacionales”, algo que ya se hace y que al Partido Popular no le parece tan necesario cuando quien los comete es Israel; y “cumplir la solicitud de Frontex en su totalidad”, la agencia europea que ha colaborado con Turquía en devoluciones ilegales (en caliente) de migrantes.

Residencia de larga duración basada en el esfuerzo

Violaciones de derechos internacionales que llevaron a su director ejecutivo a dimitir, pero que las ONG aseguran que se siguen produciendo. Este nivel de opacidad y castigo es el que quiere Feijóo, que también ha propuesto la perdida automática de la residencia para “los inmigrantes que cometan delitos graves”. Y por si no delinquen lo suficiente las nacionalidades que se quieren expulsar, “se establecerá un sistema de cuotas de entrada por países y sectores”.

Trabajar precario y de vuelta al país de origen

La tesis no es nueva: inmigrantes no, salvo que venga a trabajar en puestos que los españoles rechazan por su precariedad. “No vamos a perpetuar un modelo que premia la infracción sobre el cumplimiento”, apunta Feijóo, aunque no se sabe muy bien si se refiere a las incontables empresas que se aprovechan de inmigrantes precarios para pagarles jornales ilegales con contratos en negro. Algunos han llegado a morir abandonados por los patrones tras sufrir un accidente o golpe de calor.

Retoma así la propuesta del visado por puntos con tres formatos. Uno destinado a los migrantes que lleguen con un contrato de trabajo bajo el brazo, priorizando a los que vayan a emplearse se “sectores estratégicos”. La segunda de las modalidades es para aquellos que, aún sin contrato, busquen empleo en sectores “tensionados” (donde nadie quiere trabajar). El último de los formatos es el destinado a aquellas personas que ya se encuentran de forma irregular en España, pero a los que se les daría un visado temporal para buscar trabajo y si, transcurrido el margen no concretado, no se encuentra trabajo, se procederá a la deportación.

Residencia por “esfuerzo”

Feijóo pretende también que la autorización de residencia de larga duración, para la que es obligatorio haber residido continuada y legalmente en España durante un mínimo de cinco años, no contar con antecedentes penales o no suponer un riesgo, dependa “del esfuerzo”. Los conservadores no han aclarado si será su líder quien decidirá caso por caso quién se esfuerza más, aunque apuntan a criterios de “contribución, trabajo e integración”.

Para dilucidar a qué se refieren los dos primeros puntos solo hay que conocer la trayectoria del PP y su cercanía con los migrantes adinerados que se afincan en barrios ricos desde los que financian y votan sus causas; mientras desprecian a aquellos que se matan a trabajar y se acinan en barrios en los que sufren las consecuencias de los recortes de servicios públicos y la expansión de los fondos buitre impulsados por las administraciones del PP. El tercero directamente diferencia por procedencia: inmigrantes de primera, segunda y tercera categoría.

Por si fuese poco, Feijóo pretende que el padrón municipal sirva para poco más que contabilizar a la ciudadanía. “Fines estadísticos”, expone su propuesta, señalando este registro como si de una lista de reparto de ayudas se tratase. Lo cierto es que la mayoría de ayudas nacionales o autonómicas ya exigen la residencia legal en España, no el empadronamiento, a excepción de escasas partidas mínimas que apenas pagan la manutención o de políticas municipales que dependen de cada Consistorio.