La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas en la crisis del coronavirus y, en concreto, sus residencias de ancianos, donde ya habían fallecido 1.065 personas hasta el pasado 26 de marzo. Estas cifras de fallecimientos fueron expuestas por los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA), de la Consejería de Políticas Sociales en los 475 centros para mayores que se distribuyen por toda la región, y en los que residen un total de 52.031 personas mayores. A pesar de que la crisis sigue sucumbiendo a España y las cifras de fallecidos ya sobrepasa los 8.200, siendo 3.603 en la Comunidad de Madrid.

Los datos de fallecimientos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid no han vuelto a ser actualizados, y ello ha conllevado que sean muchos los que solicitan estas nuevas cifras. Entre ellos está FACUA, la asociación de Consumidores en Acción, quien pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aclare la situación actual en la que se encuentran las residencias de mayores, ya que es uno de los principales focos de coronavirus en la región.

En un comunicado que la asociación ha lanzado, muestran su sorpresa al ver que, tras casi tres semanas después del estado de alarma, las informaciones que ofrece el Gobierno de Díaz Ayuso no sean del todo claras, y más aún cuando se trata de este colectivo tan vulnerable frente al virus.

Tampoco se ha indicado el protocolo de actuación que va a realizar la Consejería de Sanidad sobre los pacientes que podrán ser derivados a los hospitales. Lo único que el Ejecutivo regional ha indicado es que se va a realizar un "mapeo específico" y "un posible traslado de pacientes sin patología a hoteles cercanos".

Tal y como se recoge en el comunicado, "FACUA Madrid solicita que se establezcan protocolos más exigentes, que se cumpla con lo que aparece reflejado en la Orden ministerial y que se ofrezca una información clara y precisa de las actuaciones realizadas a los familiares y a las comunidades. Además, que se dote de manera urgente a las residencias de la Comunidad, tanto públicas como privadas, del material sanitario suficiente para poder garantizar el menor contagio posible”.

El vicepresidente de la asociación, Rubén Sánchez, ya había indicado a ElPlural.com que aquellos familiares que consideren que ha habido desatención por falta de material o personal sí pueden pedir responsabilidades: "Sí podrían emprender acciones civiles o penales contra la residencia, y si las pruebas determinan que había un maltrato o que no estaban cubiertos por unos suficientes trabajadores, si podrían pedir y recibir indemnizaciones".