En la Comunidad de Madrid se notificó el pasado jueves el fallecimiento de un total de 1.065 ancianos en las residencias de la Comunidad en el mes de marzo. Las residencias de ancianos son uno de los principales focos de contagio en la capital y donde el virus ha sido más letal, debido a la población de mayor riesgo que suponen las personas mayores.
La precariedad de rudimentarios protocolos de aislamiento, la opacidad de muchos de los geriátricos, donde se prohibían las visitas desde el pasado 11 de marzo, y la preocupación y las denuncias tanto de personal como de familiares, ha provocado que la Consejería de Sanidad pase a asumir el control de las residencias de mayores de la Comunidad. Frente a esta situación de falta de personal y material sanitario que ha desembocado en la muerte de muchos de estos residentes, la organización de Consumidores en Acción, FACUA, asegura que los familiares que consideren que ha habido desatención por falta de material o personal sí pueden pedir responsabilidades: "Sí podrían emprender acciones civiles o penales contra la residencia, y si las pruebas determinan que había un maltrato o que no estaban cubiertos por unos suficientes trabajadores, si podrían pedir y recibir indemnizaciones".
El vicepresidente de la organización, Rubén Sánchez, reitera su postura: "Sería lo mismo que cuando se sufre una negligencia médica en una operación de la que se sale con un perjuicio, caso en el que se puede demandar al servicio sanitario, es decir, a la empresa o servicio público de salud. En el caso de una residencia se podría denunciar la mala praxis, la negligencia y plantear, por un lado, las responsabilidades penales por los responsables de la residencia, si los hubiera; y también se podría exigir responsabilidades civiles, en cuanto a los daños y perjuicios causados". "En el caso de que las residencias sean propiedad de la Comunidad de Madrid se podrían emprender acciones contra la empresa o la institución que sea responsable de la gestión de la residencia", zanja.
