La Comunidad de Madrid sigue experimentando el lado más duro de la crisis del coronavirus en España. Los contagios se reproducen, abarrotando los hospitales y obligando a los sanitarios a redoblar sus esfuerzos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recibe material sanitario del Gobierno, que, tal y como ha notificado Moncloa, ya ha hecho llegar más de dos millones de mascarillas a la región.

Mientras Isabel Díaz Ayuso lanza críticas al Ejecutivo, su equipo permanece a la espera de los aviones cargados de material que la presidenta popular prometió el domingo 22 de marzo. Las residencias son, junto al estado de las UCIs, la imagen más amarga de esta crisis. Estos centros en la Comunidad de Madrid, mayoritariamente privados, llevan tiempo lanzando un SOS al gobierno autonómico. Los contagios son abrumadores: el pasado viernes, última fecha en la que el Gobierno de Ayuso facilitó datos públicos, 1.065 personas habían fallecido en estas residencias.

Estas cifras fueron expuestas por los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA), de la Consejería de Políticas Sociales en los 475 centros para mayores que se distribuyen por toda la región, y en los que residen un total de 52.031 personas mayores. En aquel momento, y con el total calculado hace cuatro días, la cifra de fallecidos ya representaba cerca de un 2% del total de ancianos que viven en residencias. 

Datos que la Comunidad de Madrid conocía y que provocaron una crisis interna entre los dos partidos que gobiernan en coalición. PP y Ciudadanos, que han venido mostrando ciertas reticencias desde que la crisis dejara de ser tratada como una anécdota momentánea, chocharon frontalmente cuando Isabel Díaz Ayuso adoptó la determinación de quitar las competencias de las residencias a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, para concedérselas a su mano derecha en la pandemia, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.

Las muertes siguen creciendo

A pesar de que los populares han decidido cerrar el grifo de la información a los periodistas, ElPlural.com ha podido saber que la situación en muchas residencias de Madrid dista mucho de haber sido subsanada. Las amargas peticiones que llegan desde los centros son notorias y constantes. Sirvan como ejemplo las dos residencias de Leganés -Vitalia Home y Domus VI-, donde se han podido constatar un “elevado número” de fallecidos, tal y como ha denunciado el alcalde del municipio, Santiago Llorente; el centro Reina Sofía, de Las Rozas, donde la plantilla alega que la tasa real de fallecidos triplica los datos oficiales; o el centro Hestia de Colmenar Viejo, donde los familiares reclaman ayuda y test de diagnóstico porque “los ancianos están cayendo como moscas”.

Duros testimonios que, por el momento, y tras el cambio de cartas en las competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, están siendo silenciados. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Ejecutivo regional para conocer los motivos de este oscurantismo, pero, a la hora de publicación de este artículo, la administración se ha negado a aportar su visión.

La intervención del Ejército, principio del enfrentamiento

El pasado 21 de marzo, el entonces plenipotenciario de la gestión de las residencias, Alberto Reyero, solicitó al Gobierno que el Ejército interviniera en los centros para permitir una “mejor atención y viabilidad de los recursos residenciales con los que poder hacer frente al Covid-19”. Una reclamación que realizaba de forma solícita después de descubrirse que en dos residencias de la capital (Monte Hermoso y Mensajeros de la Paz) habían muerto una veintena de sus residentes.

Reyero observó que se estaba reproduciendo un patrón peligroso: el virus, al entrar en las residencias, se propagaba con rapidez y acababa reproduciéndose de forma especialmente peligrosa entre los ancianos, personas de riesgo ante el coronavirus.

Sus vehementes demandas, sin embargo, fueron desechadas por sus socios de Gobierno. La propia Isabel Díaz Ayuso desmintió el comunicado lanzado por el dirigente naranja, aclarando que no era una medida que estuviera “encima de la mesa”. Pese a todo, Reyero avisaba de que había que estar “preparados para situaciones críticas en todas las residencias, y por eso queremos ir dando pasos más allá: la situación cambia diariamente, y lo que ayer parecía adecuado a lo mejor mañana no es suficiente”.

Una negativa de Ayuso que sería refrendada posteriormente por Pablo Casado. Horas después de que la UME entrara a las residencias, llegando a encontrar “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas” -según certificó el Ministerio Público-, el líder popular mostró su extrañeza ante el hecho de que hubiese equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "recabando información" en "residencias de las comunidades autónomas donde gobierna el PP" por "mandato de la Fiscalía General del Estado".

“Espero que no se esté dando prioridad a preconstituir pruebas cuando llevamos ya una semana en la cual el mandato único a nivel nacional hace que la responsabilidad sea del Gobierno de la nación", sentenció.