Bruselas se ha sumado al pulso político y social que está provocando en España la preocupante situación del Parque Natural de Doñana y su futuro en relación con la posible aplicación del proyecto de ley de regadíos del Partido Popular en la Junta de Andalucía. La Comisión Europea ha advertido este lunes al presidente regional Juan Manuel Moreno Bonilla que su propuesta para regularizar las hectáreas de regadíos del Parque Nacional puede “deteriorar” el humedal, señalando a la par que “parecen ir en dirección contraria” a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) del 24 de junio de 2021, el cual urge a proteger el entorno.

El comisario de Medioambiente, Virginius Sinkevicuis, ha trasladado en la reunión de este lunes con la Junta de Andalucía que la CE está “profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana”. Según reza en el comunicado publicado por la Comisión, los argumentos de la región por defender su propuesta no han convencido y, de hecho, temen que se produzcan “efectos desastrosos” para el territorio.

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, por su parte, ha señalado que el comisario se ha “comprometido a evaluar todos los argumentos” del Ejecutivo andaluz, pese a haber omitido que criticó abiertamente el proyecto de ley. “Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento”, ha defendido.

Al ser consciente de la respuesta de Europa, y al haber presentado “el aluvión de mentiras y bulos” que ha proferido, a juicio del Gobierno de Moreno Bonilla, Moncloa se ha mostrado abierto a hacer cambios en la norma: “Si no estuviéramos dispuestos a cambiar, esas conversaciones o reuniones no tendrían sentido”.

La Comisión Europea señala que las medidas vigentes “no son suficientes”

No obstante, Bruselas ha ido un paso más allá. Dejando a un lado el probable impacto negativo que podría causar la normativa propuesta por el Ejecutivo andaluz, han recordado que las medidas adoptadas por el conjunto del Estado español para remedir la delicada situación de Doñana “no son suficientes” para salvaguardar el entorno, que pertenece a la Red Natura 2000.

El comisario ha recordado a la par que la legislación de la Unión Europea exige un uso sostenible del agua, así como la conservación y preservación de los espacios protegidos, especialmente en el contexto de sequía que está asolando a la Península ibérica. Si el deterioro del estado de las masas de agua continúa incrementándose, los efectos podrán ser desastrosos para la conversación de los ecosistemas de Doñana, considerado uno de los “puntos calientes” de biodiversidad de Europa.

Los complejos turísticos y la agricultura intensiva que se practica en la zona son otras dos de las causas que señala con evidente inquietud Bruselas por la reducción de las balsas del humedal, lo que es muestra de que los niveles de explotación de las aguas subterráneas ya son “insostenibles” y requieren medidas de extrema urgencia.

En este sentido, las mismas fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico "favorable" para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la "presión excesiva" sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea

La respuesta de Bruselas también se enmarca en un mismo tono y dirección a la ya conocida por la comunidad científica, el Consejo de Participación de Doñana –que preside Miguel Delibes-, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los grupos ecologistas.

Las advertencias de Europa también se trasladan a los riegos dentro del entorno de la economía social, del que se exige que se realice un “uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos y en beneficio de todos los usuarios del agua”.

Ahora, el siguiente paso que dará la Comisión Europea, adelantado por Sinkevicius, es el estudio y evaluación “detenida” de las cartas remitidas tanto por el Gobierno de coalición central como el autonómico andaluz.

Acudir al Constitucional, la advertencia del Gobierno

En lo que concierne al ámbito nacional, el pulso político prosigue tensionándose por momentos. Al mediodía de este lunes, el Ejecutivo de coalición, por medio de la comparecencia de urgencia de la  vicepresidenta tercera y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado de que “no hay excusas” y, en caso de que el proyecto de ley andaluz se lleve a término, la justicia será el siguiente paso.

“No es que el Gobierno, los científicos o los ecologistas se hayan confabulado, no vamos a negociar esa proposición porque el agua que hay está comprometida para los regantes legales y el abastecimiento”, ha insistido.

“En el supuesto de que esto siguiera adelante, nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional, y, obviamente también, habría que pensar en el supuesto de que llegara a haber multas coercitivas, como se puede trasladas a quien debe pagarlas”, ha asegurado, advirtiendo a la par de que el Gobierno “no negociará ilegalidades”, pese a que aún cabe la vía de la esperanza por la que “se imponga el sentido común” y se ponga freno a la tramitación de la ley andaluza. “Basta ya de reclamar diálogo sobre la ilegalidad de la proposición”, ha instado Ribera.

Estas declaraciones se han producido antes de conocerse la valoración de la Comisión Europea tras la reunión con la Junta de Andalucía, pero cabe destacar también la postura que ha adoptado al respecto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Luis Planas ha instado a Moreno Bonilla que rectifique de inmediato debido a que la sombra del artículo 155 empieza a pesar sobre la Junta de Andalucía, aunque ha reconocido que esta vía sería más “extraordinaria” y porque existen otros “mecanismos legales” a mano para poder revertir la política de regadíos del PP, aunque continúa siendo una opción no descartable.

Asimismo, el titular de Agricultura ha hecho énfasis en que las competencias nacionales, que no autonómicas de la Junta de Andalucía, son los derechos de agua y la regulación de las cuencas en el caso del Guadalquivir por medio de los planes hidrológicos.

Estas palabras se enmarcan dentro de las defendidas el pasado jueves por el presidente Pedro Sánchez, quien se desplazó al Parque Nacional para recordar que éste es “un tesoro de la biodiversidad de España” que hay que preservar a toda costa. “Lo que va a salvar Doñana es un compromiso público con su restauración y recuperación haciendo caso a las advertencias de la ciencia. La Administración andaluza tiene que cumplir la ley y seguir las advertencias de la Comisión Europea”, señaló en su momento el jefe del Ejecutivo central.

La delicada realidad de Doñana

Con el aumento de las temperaturas en los últimos años –especialmente en los meses de verano-, la escasez de precipitaciones y, ahora, los efectos tan dañinos que está dejando la sequía, se hace aún más evidente la preocupante situación que se está viviendo en el Parque Natural.

La Estación Biológica de Doñana, centro adscrito al CSIC, ha revelado que cerca del 60% de las grandes lagunas del humedal no están a sus niveles completos desde 2013. Un escenario que se viene produciendo con una disminución cuantitativa que se remonta a la década de los años 70, según apuntan medios como Público.

Motivos a los que ha aludido la CE, tanto la agricultura intensiva como la expansión del regadío. Y viene de esta última el dato más preocupante: en la última década, los cultivos de riego han aumentado un 30%.

Un cambio progresivo de los acontecimientos medioambientales que no solo afectan a la flora, sino a la fauna. Doñana también es conocida por su rica y amplia variedad de animales que habitan en ella, especialmente aves, de las cuales algunas especies ya han mostrado signos de recesión en cuanto a su proceso de cría.

Tensiones en el seno de la política andaluza

A raíz de que el consejero Fernández-Pacheco haya reconocido la preocupación in crescendo que se está viviendo en Bruselas por la situación del Parque Nacional y en que confían en la evaluación que hará Europa, el PSOE andaluz ha subrayado que la única vía posible con estas circunstancias es que “Moreno Bonilla abandone la tramitación de dicha proposición”.

En palabras del líder socialista, Juan Espadas, ha pedido al dirigente popular que “deje la soberbia y cabezonería a un lado” dado que resulta evidente que “todo el mundo está en contra de lo que ha calificado como un error grave y profundo”. El PSOE-A, afirma, no participará en la rectificación de esa ley final.