ERC y JxCat han cerrado un acuerdo para repetir el gobierno de coalición con los papeles cambiados por temor a la repetición electoral y sin poder superar sus diferencias estratégicas que se mantienen intactas a la espera de alcanzar algún tipo de consenso más adelante. Como siempre. El pacto alcanzado por Pere Aragonés y Jordi Sánchez, presentado como una buena nueva para el 52% que vota independentista, es el de la supervivencia, la aceptación de la inevitable obligación de soportarse mutuamente para no defraudar más al electorado que les confió la mayoría parlamentaria el 14-F, contando con la aquiescencia de la CUP.
Pere Aragonés, futuro presidente de la Generalitat, anunció el acuerdo al lado de Jordi Sánchez, el secretario general de JxCat, con idéntico énfasis al utilizado hace unos días al dar por rotas irremediablemente las conversaciones con el partido de Carles Puigdemont para formar gobierno. Entre una y otra comparecencia se conoció la negativa de JxCat a investirlo de no mediar un gobierno de coalición, dos encuestas pronosticando que el legitimismo saldría mal parado de una eventual repetición electoral en beneficio del PSC y de ERC, el dato demoscópico que los contrarios a la independencia suman el 52% y sendas declaraciones de Ómnium y ANC exigiendo el fin de las disputas y la formación de un gobierno compartido.
El nuevo gobierno no se diferencia en casi nada a las muchas filtraciones habidas en las últimas semanas. JxCat gestionará el departamento de Economía y Hacienda, donde reside la dirección general que se ocupará de los fondos europeos que llegarán a la Generalitat vía Gobierno central, aunque se creará una comisión interdepartamental para que todos los miembros del gobierno estén al tanto del tema. La Conselleria de Interior será dirigido por ERC y Presidencia, en manos republicanas lógicamente, asumirá el desarrollo de la renta básica, materia sensible para la CUP. Los 14 departamentos se distribuirán al 50% entre cada socio y sus responsables deben ser paritarios.
La oposición no concede a este gobierno ningún crédito. Para el socialista Salvador Illa, el líder de la oposición que no renuncia a una sesión de investidura, no es otra cosa que “un intento de repetir un fracaso” y para el portavoz de En Comú-Podem, Joan Mena, la cuestión “no es lo que hará, sino cuánto durará”. Los negociadores no han tenido problemas para dar con la llave del acuerdo sobre el gobierno: el miedo a las elecciones. Según admitió Jordi Sánchez, el contenido no difiere del que existía cuando Aragonés anunció solemnemente la ruptura de negociaciones y nace sobre las diferencias crónicas entre los socios que arrastró el desastroso ejercicio precedente presidido por Quim Torra.
Las dos miradas que tienen ERC y JxCat sobre el futuro del movimiento independentista, a las que habría que añadir la propia de la CUP, solo se soportan sobre el papel. Hasta ahora, en los momentos críticos como el vivido en los últimos días, los dos partidos solo alcanzan a la contemporización teórica para no romper definitivamente. Tampoco en esta nueva versión del común denominador para mantenerse en el gobierno autonómico han dado con la llave para hacer creíble una entente entre la vía del diálogo con el gobierno del estado y la confrontación cívica y pacífica contra el mismo estado para hacer inevitables la amnistía, la autodeterminación y la república catalana.
Todo se fía a un futuro consenso entre las dos miradas irreconciliables hasta la fecha. El compromiso siempre es obtenerlo en el mínimo tiempo posible. Así se dijo cuando se invistió a Torra y se repitió en la presentación del nuevo acuerdo, pendiente de la aprobación de las bases de JxCat. Se trata de compaginar la mesa de negociación defendida por ERC, evaluada permanentemente por unos criterios pendientes de fijar, con la confrontación cívica y pacífica que responderá a la estrategia que deberá consensuarse en el espacio denominado “acuerdo nacional para la autodeterminación” en el que participaran ERC, JxCat, la CUP, Òmnium y ANC, consenso que deberá ser coordinado con el Consell per la República, presidido por Puigdemont y que, según dice Jordi Sánchez, ha renunciado a tutelar a nadie y menos al presidente de la Generalitat.
El consenso estratégico siempre por llegar no es sencillo de formalizar, una dificultad agravada por la pretendida coordinación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, una maniobra delicada de aceptar por parte de ERC. De todas maneras, Jordi Sánchez limitó el consenso propiamente dicho al espacio de elaboración estratégica de los cinco actores que representaría al 52% del voto independentista. Este 52% al que ERC y JxCat prometen no defraudar más de lo que ya lo han hecho, incluye los votos del PDeCat cuya participación no se contempla en la mesa de los cinco.
