Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han anunciado este martes que habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno para la creación de una comisión parlamentaria que investigue los casos de corrupción en las obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil bajo el conocido caso Cuarteles, consecuencia de las pesquisas judiciales llevadas a cabo en relación con el conocido como caso Mediador. Sin embargo, y desmintiendo a sus propios socios, el PSOE ha negado la mayor y ha cerrado la puerta a abrir ningún proceso que investigue nada relacionado con el escándalo de corrupción.

La idea de los dos partidos era que compareciese el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, ante la Comisión de Calidad Democrática de la Cámara Baja para responder a las preguntas pertinentes que se le formulasen respecto de la trama de corrupción que también implica a altos mandos de la Benemérita y a empresarios. Cabe destacar, sin embargo, que Curbelo ya no tiene acta de diputado, por lo que no estaría obligado a cumplir con el requerimiento. Ante esto, ERC ha explicado que se le llamaría a comparecer ante la comisión de investigación creada para hablar ante la misma de las corruptelas de los cuarteles, a lo que no podría negarse.

Las formaciones independentistas han indicado este martes, en rueda de prensa, que preveían registrar la solicitud esta misma semana con el objetivo de que la comisión quedase constituida y comenzase a operar antes de los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. 

No obstante, minutos más tarde, ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quien ha indicado que no existe ningún acuerdo -como habían indicado sus socios previamente- para abrir esta investigación. El dirigente socialista, no obstante, ha indicado que se ha acordado utilizar las dos comisiones ya existentes, la de Interior y la Calidad Democrática, para pedir explicaciones a aquellos efectivos de la Guardia Civil que tengan algún tipo de implicación en 'mediador'.

Era “difícil” apoyar al PP

En rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de la formación catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de “difícil” para su grupo no respaldar la intención de los populares de investigar los encuentros que el empresario canario tuvo con el exdiputado socialista, pero también era “difícil” apoyar algo que considera “oportunista” y “kafkiano”, pues el PP no es una formación legitimada para aclarar supuestas “corruptelas”.

La relación entre el caso Mediador y el caso Cuarteles es que un empresario presuntamente implicado en el primero se habría beneficiado con sus compañías de unas contrataciones irregulares por obras que luego muchas veces no se habían empezado en los momentos de los pagos.

Dentro de este escenario, acudiría a la comisión el general ya retirado Francisco Javier Espinosa y el teniente general Vázquez Jarava, quien habría emplazado al contrato de una empresa ligada con el caso protagonista de las últimas semanas para las obras en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila. Aún con todo, se irán conociendo nuevas investigaciones a medida que se vayan dando las informaciones. Así las cosas, Tacoronte acudiría a otras comisiones creadas como la de Interior o la de Regeneración Democrática, la segunda presidida por el portavoz de Más Pais, Íñigo Errejón.

Empresa ligada al caso Mediador

El que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017 declaró ante la división de Asuntos Internos de la Benemérita que Vázquez Jarava le había instado a contratar a una empresa relacionada con el caso Mediador para obras en varios cuarteles del lugar.

Aquella fue la semilla que destapó las sospechas en torno a un total de 13 cuarteles repartidos a lo largo y ancho del país. El modus operandi era el mismo que el que había tenido lugar en Ávila, las concesiones fueron otorgadas a las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon y cuyas empresas aparecen relacionadas con el caso Mediador. La persona es además amiga del único imputado hasta el momento en la trama -Espinosa-,  general retirado del cuerpo y que permanece en prisión provisional.

Los datos están ya confirmados y apuntan a una “posible actuación ilícita del entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil”, tal y como apunta el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de la provincia castellanoleonesa al que tuvo acceso hace algo más de una semana  El Periódico de España. Según el documento, las obras se autorizaban a pesar de que en muchos de los casos estas reformas no se habían llegado a realizar en su totalidad. En determinadas ocasiones, ni siquiera habían empezados los trabajos en el momento del pago.

Por su parte, Francisco Javier Espinosa era exjefe de la Guardia Civil de Algeciras. Encargado de controlar el proyecto GAR-SI Sahel, que se ocupaba de la formación de gendarmes en los países de África Occidental, cobraría comisiones a empresarios a cambio de hacer de nexo de unión con otras sociedades o con el proyecto europeo de asistencia en materia de seguridad a los países del Sahel, programa en el que estuvo hasta 2017. Se encontraron 61.100 euros de origen presuntamente “ilícito” en su casa cuando fue detenido.