Al Gobierno de Pedro Sánchez se le ha atragantado la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La Iglesia ha comunicado oficialmente al Ejecutivo que no autoriza su entrada en el templo para proceder al traslado de los restos del dictador, según ha adelantado El País. Concretamente, ha sido el prior de Cuelgamuros, el benedictino Santiago Cantera, quien ha rechazado la solicitud de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Cantera respondió el pasado 26 de diciembre a la petición de Delgado formulada dos semanas antes. El prior alega la falta de consenso de la familia Franco y la existencia de procesos judiciales.

Desde el Gobierno aseguran que se esperaban “esta actitud” de Cantera puesto que tiene “antecedentes ideológicos” de sobra conocidos. Y es que, antes de ingresar en la orden de los benedictinos, fue candidato a las generales de 1993 y a las europeas de 1994 por el partido ultra Falange Española Independiente.

“La posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso siga su curso”, insisten desde el Ejecutivo. No obstante, el Gobierno ha ido incumpliendo sistemáticamente los plazos autofijados para la exhumación y esta podría ser otra piedra en el camino que la retrasaría incluso meses en caso de que el asunto se resolviese en el Tribunal Supremo.

La siguiente maniobra del Gobierno para por “el traslado de todos los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera”.

Un retraso de meses

La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha sido uno de los buques insignia de Pedro Sánchez desde que aterrizó en la Moncloa. Sacar al dictador de Cuelgamuros era una de sus banderas, pero el proceso se ha ido dilatando y, a pesar de que el presidente defiende que “hemos esperado 40 años, por un par de semanas más” no pasa nada, lo cierto es que la pregunta ya es recurrente: ¿Cuándo?

Se barajaba antes de agosto, pero no se cumplió el plazo. “A la vuelta del verano”, anunciaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a mediados de julio. El último de los plazos autofijados por el Ejecutivo era “antes de final de año”. Pero tampoco lo cumplió.

Cabe recordar que el Gobierno firmó un decreto para proceder a reformar la Ley de Memoria Histórica, lo que se está tramitando por vía urgente. Finalizó el plazo de enmiendas a la totalidad y, en consecuencia, se abrió la veda para las enmiendas parciales. El PSOE espera que la Mesa, controlada por Ciudadanos y PP, ponga fin al plazo de presentación de enmiendas parciales para proceder a iniciar el trámite. No obstante, ni los populares ni los naranjas parecen estar por la labor.

La formación liderada por Albert Rivera asegura que está trabajando en sus enmiendas y no es cuestión de “bloquear por bloquear”, pero requieren tiempo. Se estima que este plazo podría dilatarse durante al menos tres -incluso cuatro- semanas. A esto habría que sumarle que, después, la iniciativa deberá pasar el trámite de la ponencia en la comisión Constitucional, presidida, por cierto, por el diputado del PP Jesús Posada, uno de los parlamentarios que votó en contra “por error”, según argumentó.

Todo este proceso podría durar unos dos meses. Teniendo en cuenta las fechas y que enero no es un mes hábil –a no ser que se habilite expresamente-, el Gobierno no sacará a Franco del Valle de los Caídos a principios de 2019. Y la posición del prior podría dilatar, aún más, la exhumación.