El escrito del juez deja claro que ninguno de los manifestantes accedió al Congreso ni alteró “su normal funcionamiento” como se señalaba en la acusación. Según expresa Pedraz : "es notorio, vista además el acta de la sesión (del Congreso) del día 25, que el elemento consecuecional de este tipo penal no se cumple, pues no hubo alteración alguna: la 'larga' sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el delito citado no pudo cometerse. Hay que recordar que el bien jurídico protegido es la paz del lugar para la libre formación de la voluntad de los legisladores. Baste leer el acta para concluir que en modo alguno se atentó a tal bien jurídico".

Las convocatorias no constituyen delito
Pedraz afirma que ninguno de los imputados es responsable de los incidentes ocurridos el 25 de septiembre y que “las convocatorias origen de estas diligencias no suponen comisión de delito alguno. Ninguno de los imputados en la presente causa, como otros identificados inicialmente como posibles partícipes de la convocatoria, ha cometido delito alguno", precisa el juez de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, Santiago Pedraz sí cuestiona la actuación de la Policía, que, según indica, exageró los hechos para conseguir que se abriera una causa penal. "La gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar realmente el Congreso)", precisa el juez, que critica la manera en la que le reclamaron la apertura de una investigación y las imputaciones contra los detenidos.

La Policía exageró
Pedraz acusa a la Brigada de Madrid de exagerar las cosas para lograr que se abriera la causa penal y critica que hoy mismo "sorprendentemente" la Policía le reportara que cinco de los detenidos el 25-S podían haber cometido un delito contra las instituciones. El juez les recuerda que ya pusieron a esos detenidos y a todos los demás a disposición de una juez de Madrid, por lo que ahora sólo le corresponde a esa juez hacer las calificaciones jurídicas.

Decadencia de la clase política
El juez se adentra en la polémica sobre la regulación de manifestaciones abierta por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien propuso que se "module" ese derecho , al afirmar que no es posible prohibir protestas ante la decadencia de la clase política.