El Gobierno prepara otro golpe a la Justicia, que podría cortar de tajo investigaciones como las que llevan actualmente jueces españoles por el caso Couso, los vuelos de la CIA, las torturas de Guantánamo, el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador o el genocidio del pueblo saharaui.

Una reforma con urgencia
Planea hacerlo con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Grupo Popular ya ha registrado el pasado lunes en el Congreso de los Diputados. El Gobierno pretende que se apruebe con urgencia en unos dos meses y por ello ha elegido la fórmula de una proposición de ley, que le libra de tener que pedir informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial.

Un conflicto diplomático de fondo
En el fondo de la reforma, que recorta el principio de justicia universal, parece que hay una motivación de carácter diplomático, para evitar un conflicto con el Gobierno chino, ya que esta reforma permitiría archivar la causa abierta contra la dirección del Partido Comunista chino en la Audiencia Nacional por el genocidio del Tíbet.

Preocupación entre abogados y defensores de los derechos humanos
Pero el asunto no afecta sólo a China. Abogados que intervienen en muchos casos que se verán afectados, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, están trasmitiendo su temor de que muchos procesos abiertos podrán quedar truncados.

Casos que podrían verse afectados
Entre estos casos, la investigación que lleva adelante el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por el asesinato del cámara José Couso; la causa por el genocidio del Tíbel, los vuelos de la CIA y campos de concentración nazis, que sigue el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia.

También en la Audiencia Nacional la investigación del juez Javier Gómez Bermúdez en el caso Vielman, o el juez Fernando Andreu, de los crímenes de guerra en Irak y el genocidio de Ruanda. Asimismo, la reforma afectaría al proceso instruido por Pablo Ruz sobre las torturas en Guantánamo, el genocidio del pueblo saharaui y el asesinato de Carmelo Soria. Igualmente, la investigación de Eloy Velasco del asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

Se limita la competencia de los jueces
La reforma que planea aprobar con carácter urgente el Gobierno establece que los jueces españoles serán competentes para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra sólo cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.

Con esta reforma, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se expone a una nueva batalla que puede volver a enfrentarle con la magistratura, en medio de las masivas críticas por su propuesta de endurecer el aborto, los recortes en la Justicia y las tasas judiciales, que, según han denunciado los jueces, ponen en peligro el derecho fundamental a la tutela judicial, o la reforma del Poder Judicial.