La política de becas de excelencia de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las señas de identidad del modelo educativo defendido por el Partido Popular. Presentadas como un reconocimiento al mérito académico, estas ayudas públicas benefician principalmente a estudiantes con expedientes sobresalientes procedentes de los municipios con mayor nivel de renta. Tal y como demuestra una investigación de ‘El País’, el análisis de su reparto territorial revela así un patrón constante de concentración de recursos en los entornos más favorecidos, un fenómeno que especialistas describen como “efecto Mateo”: quienes parten con ventaja son también quienes reciben más apoyo institucional.
Los datos de distribución municipal confirman esa tendencia. La capital concentra con diferencia el mayor número de beneficiarios, seguida de enclaves con altos ingresos medios como Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Majadahonda o Boadilla del Monte, donde además el porcentaje de jóvenes que accede a la universidad supera ampliamente la media regional. En el extremo opuesto aparecen ciudades del cinturón sur como Fuenlabrada, Móstoles o Leganés, con rentas notablemente inferiores y menores tasas de escolarización universitaria, que reciben muchas menos ayudas pese a contar con poblaciones similares o incluso superiores. La geografía de las becas reproduce así, casi punto por punto, la geografía de la desigualdad.
La geografía social del mérito académico
Pero, vayamos a los datos. Según el citado medio, en 2024, la ciudad de Madrid acumuló 1.596 becas de excelencia, muy por encima de cualquier otro municipio. Tras la capital aparecen enclaves de renta alta como Pozuelo de Alarcón (93 becas), Las Rozas (84), Majadahonda (83) o Boadilla del Monte (73), todos ellos con ingresos medios muy superiores a la media regional y con porcentajes de jóvenes universitarios que rondan o superan el 60%. En el extremo contrario, municipios populares del cinturón sur como Fuenlabrada (40 becas), Móstoles (44) o Leganés (59) presentan rentas notablemente inferiores y menores tasas de acceso a la universidad, en algunos casos por debajo del 30%.
La correlación entre renta, acceso a estudios superiores y recepción de ayudas resulta evidente. Pozuelo, con ingresos medios cercanos a los 90.000 euros y dos de cada tres jóvenes en la universidad, multiplica las becas de localidades mucho más pobladas pero con menor capacidad económica. Fuenlabrada, por ejemplo, tiene más del doble de habitantes que algunos municipios ricos y apenas concentra una fracción de las ayudas. El diseño de las becas —que exige calificaciones extremadamente altas para poder solicitarlas— refuerza esa desigualdad de partida: quienes cuentan con mayor estabilidad económica, apoyo familiar y recursos educativos tienen más probabilidades de alcanzar las notas requeridas.
El presupuesto confirma también el carácter selectivo del modelo. Madrid reparte millones en incentivos al mérito académico mientras mantiene una inversión comparativamente menor en ayudas ligadas a la renta. Otras comunidades habían priorizado históricamente becas salario o reducciones de matrícula para estudiantes con menos recursos, pero la influencia del esquema madrileño comienza a extenderse. La Comunidad Valenciana ha incorporado premios al rendimiento inspirados en este sistema; Aragón ha impulsado sus propias becas de excelencia mientras desaparecían en la práctica las ayudas salariales; y Extremadura ha creado incentivos económicos para retener a los mejores expedientes. El modelo madrileño se convierte así en referencia política dentro del PP y en símbolo de una determinada concepción de la igualdad de oportunidades.
El “efecto Mateo” más allá de la escuela
El debate, sin embargo, trasciende el ámbito educativo. Organizaciones sociales y especialistas en políticas públicas advierten de que el “efecto Mateo” se reproduce en otros pilares del Estado del bienestar cuando las medidas priorizan incentivos individuales frente a la compensación de desigualdades estructurales. En sanidad, la creciente penetración de seguros privados en territorios con servicios públicos tensionados favorece que las rentas altas accedan con mayor rapidez a diagnósticos y tratamientos, mientras los sectores vulnerables dependen de listas de espera más largas.
Algo similar ocurre en el sistema de atención a la dependencia. La insuficiencia de plazas públicas, los tiempos de espera y los copagos empujan a muchas familias con menor capacidad económica a asumir cuidados informales, generalmente a cargo de mujeres del entorno familiar, con impacto directo en empleo y bienestar. Los hogares con más renta, en cambio, pueden recurrir a servicios privados o concertados que alivian esa carga. De nuevo, la intervención pública no logra compensar las desigualdades de origen y el acceso efectivo a los derechos sociales queda condicionado por la capacidad económica.
Esta lógica dibuja un modelo social coherente: rebajas fiscales, colaboración público-privada y premios al mérito como ejes de la acción política. Sus defensores sostienen que incentiva la excelencia, retiene talento y mejora la competitividad. Sus detractores argumentan que, sin políticas redistributivas potentes, consolida brechas de origen y financia con dinero público ventajas que ya existían previamente.
¿Premiar a los mejores o no dejar a nadie atrás?
El debate remite, en última instancia, a dos concepciones distintas —y en buena medida contrapuestas— de la igualdad de oportunidades. Una interpreta que la función principal de la administración consiste en detectar, estimular y premiar el talento individual dentro de un marco competitivo que se presupone abierto a todos. Desde esta óptica, las políticas públicas deben actuar como incentivo al esfuerzo, reforzando trayectorias de éxito académico o profesional que, a su vez, contribuirían al progreso colectivo. La otra visión, en cambio, parte de que ese punto de partida común no existe en términos reales y que las desigualdades sociales, económicas y culturales condicionan de forma decisiva los resultados. Por ello, sostiene que la prioridad de lo público debe ser reducir esas brechas iniciales mediante políticas redistributivas robustas que garanticen condiciones materiales comparables antes de que opere la competencia.
Las becas de excelencia madrileñas se han situado en el centro de esa discusión porque simbolizan una determinada jerarquía de prioridades: menor peso de las ayudas universales o ligadas a la renta y mayor protagonismo de los incentivos selectivos al mérito, en coherencia con un modelo político más amplio que combina rebajas fiscales, colaboración público-privada y focalización del gasto.
A medida que otras comunidades autónomas adoptan programas inspirados en este enfoque, el debate trasciende el ámbito regional y adquiere dimensión estatal. Ya no se discute únicamente cuántos estudiantes reciben una ayuda o cuál es su cuantía, sino qué papel debe desempeñar el sector público en la construcción del ascensor social y en la cohesión territorial. La cuestión de fondo es si la intervención pública debe limitarse a reconocer a quienes logran destacar dentro de un sistema desigual o si, por el contrario, debe actuar de forma más intensa para equilibrar las condiciones de partida y evitar que el origen determine el destino educativo y vital. En ese cruce de caminos, el llamado “efecto Mateo” ha dejado de ser una metáfora bíblica o un concepto académico reservado a la sociología de la educación para convertirse en una categoría política que atraviesa el debate sobre fiscalidad, servicios públicos y modelo de bienestar.
