El debate generado en torno al fin de la vida de las centrales nucleares españolas, fechado en 2027 por acuerdo de las propias energéticas, parecía zanjado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejase claro que no alargaría su existencia sin que la seguridad ciudadana y la seguridad del suministro eléctrico estuviese garantizado. Además, lo más importante, dejó claro que la fiesta de las grandes compañías no la iba a financiar el Estado con el dinero del contribuyente, como pedían las interesadas y defendían las derechas.
Sin embargo, una relación epistolar iniciada por Iberdrola y Endesa y seguida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha retomado la polémica. El Gobierno parece haberse abierto ahora a revisar el calendario nuclear si las compañías asumen los tres requisitos establecidos por Sánchez y las multinacionales se han abierto a ello. Asimismo, Mario Ruiz-Tagle (CEO de Iberdrola España) y José Bogas (CEO de Endesa) pretenden mantener una reunión con la vicepresidenta tercera para acercar posturas, algo que no ha gustado en la parte minoritaria del Ejecutivo.
El acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Sumar es bastante claro al respecto. “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”, recoge el texto firmado por ambas formaciones. En consecuencia, en la casa magenta no ha sentado nada bien el volantazo que los socialistas han dado de forma unilateral y sin previo aviso.
La denuncia ha llegado directamente de la cabeza más visible, Yolanda Díaz. "No lo vamos a permitir. La energía nuclear es un elemento disfuncional en el sistema energético español, es absolutamente peligrosa y es carísima. Nuestra propuesta es seguir avanzando en la descarbonización y actuar contra los oligopolios", dejaba claro la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social en una entrevista concedida a la radio pública este lunes. Seguir una línea diferente sería, por parte del PSOE, “vulnerar” el acuerdo alcanzado entre ambas partes de la coalición.
“Gravísimo en términos democráticos”
Sin embargo, a la parte minoritaria ya le ha tocado transigir en alguna ocasión. Más cuando esta prolongación contaría, muy probablemente, con el apoyo del Partido Popular (PP), que ha defendido los intereses de las empresas también en esta materia, y el apoyo de los socios habituales del Gobierno situados a la izquierda no sería necesario siquiera. “No lo vamos a permitir”, garantizaba Díaz, que no aclaró si un movimiento así por parte de los socialistas podría derivar en una ruptura de la coalición.
"Sumar es una fuerza verde porque la emergencia climática es real", recalcaba la ministra de Trabajo la postura de su formación. En este sentido, garantizaba que no transigirán en esta materia en la que la postura de los socialistas está "violentando directamente" el acuerdo de Gobierno. "Es gravísimo en términos democráticos", valoraba la actitud del PSOE que, no obstante, sigue a lo suyo y ha evitado reaccionar, pese a la advertencia de la máxima representante de Sumar.
"Cuando alguien incumple lo que lleva un acuerdo de investidura está quebrando la confianza democrática y esto es gravísimo, un demócrata no puede hacer eso", señalaba directamente Díaz, trasladando que de cumplirse el alargamiento de la vida de las nucleares estaríamos ante “la primera vez que se daría por parte del PSOE" una ruptura del acuerdo de Gobierno. A la par, las operadoras de nucleares siguen presionando y defendiendo que la muerte de la producción de esta energía repercutirá en un aumento del precio de la factura de la luz. A fin de cuentas, todo lo que no les interesa, como la tarifa regulada, intenta ser deslegitimado con este argumento.
