Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España

El apremio, y también la falta del mismo, es un concepto fundamental en la justicia. Algunas causas se solventan por la vía rápida y se les da especial prioridad, mientras que otras se quedan en el cajón del olvido y se tratan con mucha menor urgencia. Justamente lo que ha ocurrido con dos causas de plena actualidad: los delitos de los que se acusa al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al ser denunciado, precisamente, por la pareja de la presidenta madrileña. En el primer caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva 150 días sin elaborar el informe que la justicia pidió para investigar los delitos de corrupción en los negocios y falsedad documental del empresario, mientras que el fiscal general del Estado ha sido juzgado y condenado en el fulgurante plazo de dos semanas.

148 días, para ser exactos, son los que han pasado, y todavía no hay ni rastro del informe que la jueza de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La brigada que dirige el teniente coronel Antonio Balas ha roto su silencio al respecto en las páginas del diario El Mundo, desde donde han admitido que aún no han iniciado la investigación para dirimir si, además de fraude fiscal y falsedad documental, González Amador pudo incurrir en corrupción en los negocios. No obstante, el cuerpo echa balones fuera y culpa del retraso en las pesquisas a la propia justicia. La justificación, por supuesto, no lacera el nombre de la Benemérita, sino que echan balones fuera y culpan del retraso a la Justicia.

Explican los agentes de la UCO que llevan desde el 27 de junio, fecha en la que la magistrada designó al cuerpo para investigar al novio de Ayuso, "solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento". Sin embargo, según su narrativa, no ha sido posible hasta el pasado 8 de noviembre, cuando el juzgado dio pie a tal trámite que conduce al inicio de las averiguaciones por parte de la unidad que dirige Antonio Balas. Explican además que, pese a estar acostumbrados a trabajar con absoluta presión, se han visto en la obligación de redoblar sus esfuerzos para "no abrir brechas dentro del propio Estado" en la investigación al fiscal. Las citadas fuentes sugieren que se han tenido que hacer equilibrios para recordar que dieron material al presidente del Gobierno el pasado martes, cuando aparecía el informe sobre Santos Cerdán, que llegó junto a la imagen de la detención del presidente de la Diputación de Almería (PP) por fraude en la compra de mascarillas. "Sánchez pudo al menos usar una carta de defensa, y se la otorgó también la UCO", recuerdan en el texto.

Cinco meses atrás, Anticorrupción emplazaba a “la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”. En aquel momento ElPlural.com accedió al documento mediante el que el organismo solicitante recuerda el incremento patrimonial que registró Maxwell Cremona, firma principal de la supuesta trama de González Amador, en 2020 y el año siguiente, cuando se le acusa de haber cometido un presunto fraude a la Hacienda Pública que él mismo habría reconocido mediante su abogado vía mail. A fecha de hoy, la UCO todavía no ha respondido sobre un informe que se antojaría clave para que al investigación siguiera en un escenario en el que la oposición madrileña de PSOE y Más Madrid se ha personado como acusación. La vía de escape para los agentes, el propio inmovilismo de la justicia.

La celeridad en la condena del fiscal general

En contraposición a la parsimonia con el informe del compañero de Isabel Díaz Ayuso, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros por el delito de revelación de secretos, en una resolución que tan solo ha tardado una semana en emitirse, un plazo insólito en el Supremo.

El juicio al fiscal general del Estado ha sido exprés. Dos semanas han bastado en el Alto Tribunal para sentenciarle. El pasado jueves llegaban a su fin los testimonios y el tribunal finiquitaba sus conclusiones, ya con condena, con motivo de la filtración del correo del letrado de Alberto González Amador al Ministerio Público. Escuchando todos los testimonios, mayoritariamente favorables a la inocencia del fiscal, los magistrados llegaron a un acuerdo por el que cinco de ellos y dos en contra ratificaron la condena. Una sentencia que no solo supone su inhabilitación por dos años, sino una importante derrota para él y una victoria incontestable para sus acusadores al haber dado un golpe blando al Gobierno, que es el responsable de su selección y designación en el cargo.

En definitiva, dos ritmos diferentes de hacer funcionar el aparato judicial en función de los intereses que lo motoricen en cada caso: medio año para unas cosas, mientras que dos semanas son más que suficientes para otras.