Manos Limpias, principal denunciante contra Begoña Gómez en la causa judicial que instruye el juez Juan Carlos Peinado, se ha quedado sin representación ante la renuncia de su abogado Carlos Perales, quien ha presentado su dimisión en un escrito en el que acusa al pseudosindicato de haber utilizado a la abogacía, la cual “no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando el letrado envió la notificación a la organización ultra, aunque su renuncia la ha fechado este lunes 24 de noviembre. Asimismo, y remitido a su vez al juzgado, Perales acredita que el burofax no fue recogido por Manos Limpias, instando así a que su decisión “se tenga por formulada la renuncia conjunta a la representación procesal y defensa letrada”.

En su escrito, el abogado ha argumentado que lo que se inició en un principio como “un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica” por parte de Manos Limpias, con la evolución de la instrucción de la causa sobre la mujer del presidente del Gobierno y el papel determinante del pseudosindicato en la denuncia, ha terminado convirtiéndose en “un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”.

En torno a la decisiones adoptadas en el tiempo y bajo el marco de la causa, el letrado ha sostenido en el documento que estas estrategias “ya no se inspiran en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos”, consideran que los movimientos tan sólo responden a “oportunidad política” con su consiguiente “impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.

Por esta exposición de motivos, Perales prosigue argumentando que el oficio de la abogacía no puede entremezclarse con el plano político: “El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal”, un hecho que entraría a “quebrantar” su labor como letrado por poderse “diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”.

Cabe retroceder a abril de 2024, cuando el pseudosindicato interpuso una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno motivada por recortes de prensa de diversos medios de comunicación, siendo una de ellas un bulo confirmado.

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