Ciudadanos ha remitido a sus afiliados un documento interno en el que les insta a realizar un curso de “formación en prevención de delitos electorales”. El curso, tal y como especifica el mensaje al que ha tenido acceso ElPlural.com, consiste en un test de diez preguntas con cuatro respuestas posibles de las que solo una es correcta.
A través del espacio naranja, la formación explica a sus afiliados que es necesario “conocer las obligaciones y compromisos” del proyecto para que sean aplicadas a la conducta general de la institución: “Para Ciudadanos, el cumplimiento de la legalidad y normativa interna del partido son principios básicos de funcionamiento y de respeto a nuestros votantes y a la sociedad”.
Una iniciativa llevada a cabo por el Gabinete de Cumplimiento del partido para evitar el fraude en los plebiscitos internos de la marca. Sin embargo, lo que pretendía ser una actividad formativa ha provocado el revuelo de ciertos sectores de Ciudadanos, que, conocedores de las dudas que han sembrado las primarias de la formación en ciertas regiones -con casos todavía judicializados y a la espera de resolución-, han considerado la actividad como una ofensa personal: “Alguien ha dicho: ¿no hay huevos de hacer un curso de fraude en las primarias? Y la otra respondió: aguántame el cubata...”, manifiestan fuentes de la formación naranja a ElPlural.com.
El cursillo lleva aparejada la petición de que los afiliados lean antes la ley de delitos electorales, a fin y efecto de poder realizar el test con un conocimiento de causa previo y conseguir superarlo sin complicaciones.
Un acto que puede parecer superfluo pero que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, puede esconder tras de sí una motivación práctica para prevenir cualquier sentencia en su contra: “Se debe a la reforma del Código penal de 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una sociedad mercantil, una asociación y un partido político pueden cometer delitos, y la declaración de culpabilidad acarrea su desaparición salvo que demuestren que implementaron programas de prevención del incumplimiento de la ley penal. Así la formación quedaría exonerada de responsabilidad penal y responderían sólo las personas físicas culpables”.
Sombras de pucherazo en Madrid, Cantabria y Murcia
Tal y como ha recogido ElPlural.com desde que empezaran a destaparse las sospechas de fraude electoral en las primarias de la formación otrora liderada por Albert Rivera, el proceso de elección interna está judicializado en Madrid, Cantabria y Murcia. En el último de estos escenarios incluso salieron a relucir peritos informáticos que alertaban de que una gran cantidad de votos habrían sido emitidos desde fuera de la región.
La sombra de corrupción no dejó de crecer tras reconocerse el intento de pucherazo en Castilla y León, donde la candidata predilecta del entonces presidente del partido, Albert Rivera, ganó en primera instancia al actual vicepresidente de la región y candidato no oficialista en las primarias contra Inés Arrimadas, Francisco Igea. En aquella elección interna, el equipo de Igea logró demostrar que se realizaron numerosos votos desde una sola dirección IP a horas intempestivas, cambiando así el curso de la votación.
El ominoso carácter de las primarias naranjas ha sido denunciado públicamente por algunos de sus presuntamente damnificados. Juan Carlos Bermejo (que denunció pucherazo en sus primarias contra Ignacio Aguado), alegó en declaraciones a ElPlural.com que uno de los motivos principales de la debacle electoral fue que “a nivel interno se han destruido las asociaciones con un proceso de primarias que fue un fraude manifiesto”.
Por su parte, José López, candidato que perdió las elecciones contra Félix Álvarez en Cantabria, también denunció a este medio que su equipo había “encontrado un patrón de votos sospechoso”. “Amigos y conocidos del partido me dicen que sienten haber perdido las elecciones de forma fraudulenta”, añadía.
En el caso de Murcia la actualidad judicial del proceso electoral sigue en pleno apogeo. Hace dos meses el juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena rechazó la personación de Ciudadanos y de Isabel Franco como acusación particular: “En este momento procesal, se están investigando y esclarecimiento los hechos denunciados. El hecho de que la Sra. Franco Pérez haya podido verse afectada en su dignidad, personal y profesional, así como el propio partido político, no supone la consideración de víctima o perjudicado por los hechos investigados, en los términos de los referidos preceptos, pudiendo acudir a la vía o jurisdicción que estimen pertinente en defensa y protección de dicho honor”, rezaba el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com.
