Ciudadanos vive un nuevo episodio de convulsiones internas que amenazan con romper la falsa calma de la que la gestora trata de presumir tras la marcha de Albert Rivera. La debacle electoral supuso la pérdida de escaños, la necesidad de una rápida refundación y el resurgimiento de aquellos que habían permanecido silenciados por el oficialismo presidencialista.

Con la V Asamblea del partido fechada para el próximo 15 de marzo, Manuel García Bofill, presidente de la gestora hasta que llegue la cita, realiza ímprobos esfuerzos por convencer a los críticos de las bondades del voto telemático. La democracia interna ha sido puesta sobre la mesa, y desde Compromiso Ciudadano, plataforma que pide una renovación completa de la estructura, solicitan que las votaciones se realicen en urna para que no haya indicios de pucherazo como ha sucedido en varias ocasiones en la casa naranja.

Uno de los escenarios señalados es Murcia. Allí Silvia Franco se impuso a Leonardo Pérez, o al menos eso es lo que se desprendió del resultado. Poco después, buena parte de la militancia exigió a la Comisión de Garantías una investigación exhaustiva de lo sucedido. Incluso, tal y como afirmó ElPlural.com, varios documentos periciales confirmaron que un 42,93% del voto se realizó desde direcciones externas a la región. En concreto, un 12,63% se realizó desde Madrid, un 14,73% desde Cataluña, un 11,57% desde la Comunidad Valenciana y un 4% desde otras comunidades.

Ahora, tal y como adelantó La Verdad, el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ha requerido a la formación naranja que evite la destrucción de cualquier tipo de material vinculado al proceso de primarias. La Justicia escucha así al Ministerio Público, que pidió que se adoptaran “las medidas necesarias tendentes a evitar la destrucción de cualquier soporte que contenga información relativa al sistema telemático de votaciones”.

Una nueva piedra en el camino en una formación que no sabe cómo capear el temporal. Pese a sus promesas de un proceso limpio, son muchos los que desconfían por los precedentes que se han sembrado. Merece la pena destacar que el proceso de elección interna de la formación está judicializado en Murcia, Madrid y Cantabria.