Jornada marcada en el calendario en Ferrovial. La junta de accionistas de la compañía se presenta como el evento del año en la parcela económico-empresarial. El cónclave dirimirá el futuro de la compañía, que expresó sus intenciones de trasladar su sede social a los Países Bajos, desencadenando una guerra con el Gobierno de coalición. Desde un primer momento, el Ejecutivo ha cargado las tintas contra Rafael del Pino, al entender que la decisión responde a un “interés personal” y no a los motivos económicos que alegan desde el entorno empresarial. Una confrontación que ha valido para que Pedro Sánchez apuntale el blindaje a la mayoría social con un argumentario contra los poderosos “señores del puro”, línea discursiva para desmarcarse, a su vez, de un PP servil con las minorías ricas del país y en plena coordinación con la patronal (CEOE), como ya señaló a raíz de la reforma de las pensiones.
El Gobierno ha jugado sus cartas tras el órdago lanzado por la empresa española. Moncloa ha modulado su discurso a medida que se acercaba la fundamental junta de accionistas, hasta adoptar un tono más institucional, diplomático e incluso pedagógico. Desde el gabinete de Sánchez se ha pasado de señalar la “codicia” de Del Pino a mantener una línea abierta epistolar con la empresa en los días previos a que los accionistas descubran su voto. El Ejecutivo planteaba tanto en sus misivas como las comparecencias públicas de sus diferentes miembros, que la firma debía informar debidamente a sus socios de que no existe una motivación económica que les empuje a marcharse a Países Bajos.
Tanto en público como en privado, ministros y secretarios de Estado han sostenido sus argumentaciones en base a análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME), así como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos resultados arrojan la carestía de “obstáculos” o “indicios” para la “admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos”. Por ello, percutieron en que la empresa debía “informar” debidamente a sus accionistas antes de que estos tomaran cualquier decisión
Es más, en este sentido, la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, avisó este pasado miércoles de las posibilidades de la empresa para acogerse a ventajas fiscales del régimen especial de fusiones. “La legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos que no se puede aplicar la empresa”, sugirió la ministra socialista, remarcando las tesis del Ejecutivo de que el cambio de sede se debe a motivaciones personales de Del Pino y no a una suerte de inseguridad jurídica, como adujeron en un principio; o su imposibilidad de cotizar en la bolsa de Estados Unidos. “Las razones esgrimidas no se corresponden con el espíritu de la legislación. Nada tienen que ver con el día a día de lo que puede hacer cualquier empresa ubicada en España”, matizó.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se pronunció en un tono similar al de su compañera de gabinete. Aseguró que los accionistas de Ferrovial están en su pleno derecho de conocer “la verdad, las ventajas e inconvenientes de las decisiones que adopten. Recurriendo de nuevo a los informes de la CNMV y BME, ha defendido que los socios capitalistas de la compañía han de estar debidamente informados antes de pronunciarse, además de redundar en la idea de que no hay ningún recoveco legal que impida a Ferrovial cotizar en la bolsa de Estados Unidos, tal y como esgrimen desde la propia compañía.
La gente de bien
Antes de adoptar esta postura más próxima a la pedagogía, la estrategia del Gobierno transcurrió por la respuesta directa, sin rodeos. Oposición, pero haciendo hincapié en que detrás de esta decisión se escondía el afán personal del presidente de la compañía. De hecho, en un primer momento, en el Ejecutivo no dudaron en señalar expresamente la “codicia” del propio Del Pino, devolviendo al eje del debate público la diatriba entre la “gente de bien” y el común de los mortales que expuso previamente Alberto Núñez Feijóo. Manga ancha a Sánchez para presentarse como protector último de la mayoritaria clase trabajadora, en detrimento de los privilegios de los “señores con puro”.
Escasas fechas después del anuncio, Sánchez compareció públicamente durante su viaje institucional a Dinamarca. Fue desde allí donde pronunció los primeros dardos contra un Del Pino al que dibujaba como un privilegiado que rehusaba “arrimar el hombro” para “sacar adelante el país”. El jefe del Ejecutivo resucitaba la bandera contra “los que más tienen” y esbozar una España que brinda absoluta seguridad jurídica a todas sus empresas. En aquellos días, de hecho, se especulaba con que la marcha de Ferrovial no era sino un plan de su presidente para rehuir el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
Sánchez abrió fuego con la “responsabilidad social” de los agrandes empresarios en la sociedad “en la que nacen y desarrollan toda su acción”. Moncloa puso de relieve el “egoísmo” del empresario, apelando a la “solidaridad de los que más tienen” con una ciudadanía hastiada de vivir bajo modelos de precariedad laboral, como el que imperó en España durante los años de Mariano Rajoy en Moncloa. “La patria no es solo hacer patrimonio, sino ser solidario y arrimar el hombro cuando tu país lo necesita", ha argumentado el líder del Ejecutivo, quien resalta que Del Pino ha hecho su fortuna "gracias a nuestro país y a la contribución de los españoles", expresó.
Otros miembros del gabinete presidencial se aferraron al clavo de la “codicia” en sus primeros reproches a Del Pino, como el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien calificó la decisión como “cortoplacista”. También salió con toda la artillería la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien habló de Países Bajos como un “paraíso fiscal” cuyo marco constituye un imán para “multinacionales”. Pero los reproches más crudos se recolectaron en el ala morada del Ejecutivo, con Yolanda Díaz -esta vez sí- y la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. De hecho, los morados presentaron una proposición de ley en el Congreso para forzar a las empresas que se traslades sus sedes o su producción fuera de las fronteras de España a que devuelvan todas “las ayudas y subvenciones públicas obtenidas en los diez años anteriores” a la decisión.
La estrategia no es nueva en Moncloa, pues ya adoptaron un argumentario similar con el impuesto a la banca y a las energéticas, incluso cuando saltó a la palestra un tímido rumor que le situaba lejos de la política tras concluir la legislatura. En ese momento, Sánchez se refirió a los “cenáculos madrileños de señores con puro” que querían quitárselo de encima.
