Dos jueces al borde de un ataque de nervios
Y las razones para esa alarma se han concretado en apenas unas horas, las que han pasado entre las dos quejas que se han visto obligados a formular, a través de providencias, los dos jueces que en estos momentos llevan las causas con más carga política. Por un lado el juez José Castro, responsable de la instrucción del caso Noos, que se quejaba del trabajo de la Agencia Tributaria y de la UDEF, que no acaba de enviarle los datos que ha pedido sobre las cuentas de la infanta Cristina de Borbón. Por otro el juez Pablo Ruz, que ha tenido que exigir a la policía judicial que le entreguen en tres días un informe sobre la financiación irregular del PP para avanzar en el sumario que instruye del caso 'Gürtel-Bárcenas'.
, por la dureza del tono en el que el magistrado recuerda las veces en las que ha pedido informes (en especial sobre las obras que el PP realizó en su sede central de Génova y que presuntamente se habrían pagado de manera irregular) que no le llegan y acaba escribiendo que "no habiéndose emitido aún el informe de avance interesado, y resultando el mismo imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación" dirige un oficio a la UDEF, a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en concreto, "a fin de que de forma urgente, y en todo caso, en el improrrogable plazo de TRES días, procen a la presentación del meritado informe de avance" (el subrayado y las capitulares son del original).
Los cambios en cúpula y mandos intermedios de la UDEF son inminentes
¿Qué está sucediendo? ELPLURAL.COM lo ha preguntado en fuentes policiales. "La situación en la UDEF -nos cuentan- es de cabreo... Hay preocupación, desasosiego... una sensación de estar en el ojo del huracán que dificulta enormemente su trabajo diario". Ese malestar tiene su origen en las órdenes que les llegan desde hace tiempo, pero se ha intensificado con la noticia del cambio inminente en la cadena de mando de la Unidad, de la que les informó este periódico el pasado día 13, y que en entre los funcionarios se contempla como un intento de 'cercar' a aquellos que están directamente investigando los temas que resultan 'molestos' para el Gobierno. Sean por 'la trama Gürtel', sean por 'el caso Noos'.
Hasta ahora, los informes que llegaban a los jueces eran los que presentaban los funcionarios expertos, aunque no sin presiones -ELPLURAL.COM ha sabido de policías implicados en la investigación de la Gürtel que han solicitado su traslado por el acoso que vivían-. La situación, temen, está a punto de cambiar radicalmente, hacia peor, con la salida de los actuales jefes y su sustitución, palabras del ministro Jorge Fernández Díaz en los pasillos del Congreso, por la 'gente de confianza' del nuevo Comisario General, José Santiago Sánchez Aparicio, 'el Chati', como le conocen en la policía, y de quien además de por este mote se le conoce por su "absoluta fidelidad al PP". Una fidelidad que se fundamenta, por ejemplo, en la supuesta preparación de informes sobre sus compañeros conforme a la ideología política y religiosa de cada uno de ellos.
Intermediarios entre los informes policiales y los jueces que los piden
Entre los cambios de jefaturas que se esperan, porque están incluidos en la oferta de puestos, hay un caso que está mereciendo mucha atención y que se presenta como el de 'la prueba del algodón' sobre las verdaderas intenciones de la dirección de la Policía: el puesto de Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales. Y es que quien ocupe este cargo será el encargado de redactar, o controlar el contenido y qué funcionarios los hacen, los informes que los jueces Ruz y Castro están pidiendo sobre los movimientos de capitales en los casos que instruyen.
Lo que está claro es que la dirección y los mandos intermedios de la UDEF actual no gustan a la cúpula del ministerio de Interior. Como les informamos en su momento, muchos de los funcionario que aún ocupan los cargos sacados a concurso han recibido la 'sugerencia' de que no vuelvan a solicitarlo. "En dos o tres semanas, cuando se concreten los nombramientos, sabremos de manera ya inequívoca hasta qué punto se atreven a poner 'controladores' en esos puestos clave...", nos dice una fuente policial que, eso sí, advierte que "el problema que van a encontrarse es que muchos de quienes realmente hacen esos informes, los funcionarios que saben de estos asuntos, no se van a doblegar y no les va a resultar fácil echarles, porque ocupan sus plazas por su ser expertos..., y si intentan cambiarles se va a producir mucho ruido".
