La política exterior la marca el presidente. Con esta frase, ministros, diputados y dirigentes socialistas se sacuden cualquier crítica dejando a la oposición, a los manifestantes y a los socios de gobierno e investidura sin más posibilidad que someter sus dudas procedimentales al ocaso de la irrelevancia legislativa. El conflicto en Ucrania y sus consecuencias derivadas han aumentado esta brecha entre el núcleo fuerte de Pedro Sánchez y el resto de los actores, que, consternados, piden mayor diligencia y diálogo a un presidente empecinado en mantener su perfil internacional y dotar de soluciones a nuestro país contando con el consenso de un frente amplio en Europa.

Precisamente esta voluntad, máxima del Gobierno desde que las tropas rusas pisasen suelo ucraniano en una invasión que ya dura cerca de un mes, es la que ha llevado al presidente del Gobierno, así como a los plenipotenciarios en la gestión energética y fiscal del Ejecutivo, a fijar su anuncio de medidas para reducir el precio del gas, la luz y la gasolina una vez haya finalizado el Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes en Estrasburgo. De este enclave, que se prevé capital para dar un respiro a la ciudadanía que hace frente a la inflación desmedida de la economía global, el propio Sánchez tratará de salir con el acatamiento de los Veintisiete al proyecto energético liderado por los países del flanco sur del Viejo Continente, consistente en desacoplar el gas del recibo eléctrico y reforzar la decisión ya preestablecida con la concesión de los fondos europeos de apostar firmemente por las energías renovables.

Sin embargo, mientras el Gobierno insiste en que es necesario una bandera blanca momentánea para no diluir la gira europea protagonizada por el presidente, los ánimos se caldean por horas y la batalla se recrudece en las calles con diferentes paros que desestabilizan las pretensiones de la administración central: los transportistas lideran la tensión en las carreteras, apagando sus motores y negándose a volver a circular hasta obtener un pacto que les permita seguir realizando sus labores acorde a los costes del gasóleo; los agricultores, por su parte, también han protagonizado diversos actos a lo largo y ancho del país para reclamar mayor celeridad en la reducción de precios; los sindicatos mayoritarios se movilizarán este miércoles en el mismo sentido y los transportistas de viajeros (taxis, autobuses, conductores de viajeros de alquiler y ambulancias) se sumarán al paro de los camioneros el próximo domingo en Madrid en protesta por el alza de la energía.

Además, y aunque todavía no se han concretado posibles acciones, las asociaciones mayoritarias de la cadena de suministros ya advierten de que este es “un problema de Estado” al que es necesario aportar “intervenciones urgentes”, ya que si no se verán obligadas a parar. Por el momento, los mercados principales resisten y, pese a que ciertos productos se agotan con rapidez por el miedo ciudadano al desabastecimiento, insisten en que el suministro de productos de primera necesidad está asegurado.

En la forma de subsanar la escalada de precios está la encrucijada: mientras la parte socialista del Ejecutivo apuesta por medidas coordinadas con Bruselas, que ya ha abierto la puerta a estudiar la posibilidad de topar el precio del gas, los ministros de Podemos insisten en que es necesaria una reforma fiscal más ambiciosa que penalice a las eléctricas, ahonde más en la pérdida de sus beneficios caídos del cielo y no repercuta negativamente en el bolsillo de los estratos más vulnerables de la sociedad. El PP también está pidiendo una rebaja de los impuestos, abanderada por Alberto Núñez Feijóo en cada uno de sus actos para presentar el programa que saldrá del próximo congreso de Sevilla en el que se oficializará su presidencia.

El plan de autonomía del Sáhara también enfrenta a las partes

La carta enviada por el presidente del Gobierno a la Casa Real de Marruecos, en la que se reconocía que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por el reino alauí en 2008 era el más “creíble” para dar por finalizada una ocupación que se extiende desde hace 46 años, también ha enfrentado a las partes. Desde Unidas Podemos recuerdan que el programa de coalición era meridiano en su propósito de posibilitar el referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui, cumpliendo así con el mandato de Naciones Unidas. El propio PSOE también se está fracturando, con Islas Baleares y Canarias abanderando las críticas al cambio de posición. Entre tanto, los socialistas reprochan que el partido no ha cambiado de línea a seguir desde 2008, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya apreció en el plan de autonomía un paso adelante para la desescalada del conflicto.

La oposición también considera que han faltado explicaciones. Tanto las derechas como los socios de investidura, con diferencias en las formas y en las reivindicaciones, consideran que este paso debería haber sido consultado y sometido al escrutinio del Congreso de los Diputados. Los populares, de hecho, creen que un problema enquistado desde hace tanto tiempo requeriría de un plan de Estado en el que los máximos actores políticos aportasen su visión y su forma de socavar las ansias de Marruecos, quien lleva años utilizando a sus ciudadanos como rehenes de su plan facilitando la emigración ilegal hacia la frontera española y poniendo contra las cuerdas a las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla y a las Islas Canarias, puerta de entrada de cerca del 75% de los inmigrantes que arriban a España.

Al margen, las repercusiones económicas también preocupan al resto de grupos parlamentarios de la Cámara Baja: Argelia, país del que España importa el grueso del gas que consume, ha condenado la decisión unilateral adoptada por Sánchez en el Sáhara Occidental, y, pese a que José Manuel Albares insiste en que las relaciones están aseguradas gracias a las buenas relaciones diplomáticas que mantienen con Argel, se espera una contundente respuesta del país del norte de África.

Las calles también han hecho notar su descontento: este domingo, varios centenares de personas ya se movilizaron en Palma de Mallorca, y se espera que este movimiento se reproduzca en las capitales mayoritarias del país el próximo fin de semana. En términos políticos, buena parte de los socios del Gobierno han registrado este mismo martes un requerimiento para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre la decisión adoptada en la otrora colonia española.