El Gobierno se las prometía muy felices a comienzos de esta semana tras alcanzar un acuerdo a tres partes para la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. “Satisfacción” fue la palabra utilizada por la portavoz, Pilar Alegría, para valorar el consenso conseguido con la Generalitat de Catalunya, encabezada por el socialista Salvador Illa, y aprobado por AENA. Sin embargo, la Comisión Europea también tiene algo que decir y este jueves ha rebajado las expectativas de las partes al pedir actuaciones medioambientales previas al inicio de las obras.
Bruselas considera clave que el país adopte medidas que den garantías de protección al Delta del Llobregat, que ya se vio perjudicado durante las anteriores remodelaciones de 2004, que costaron un expediente al país. Representantes de los Veintisiete trasladaron a mandatarios de la Generalitat y de Aena que "antes de avanzar con cualquier proyecto de expansión del aeropuerto, las autoridades españolas deben implementar de forma completa las medidas necesarias para poner fin a un procedimiento de infracción en marcha", abierto hace más de cuatro años.
"Esto aclararía la base para el análisis del nuevo proyecto", explicaron los representantes de los Veintisiete, que recordaron que "todos los requisitos relevantes de la legislación medioambiental de la UE tienen que ser satisfechos antes de que cualquier nuevo proyecto reciba luz verde". Esto significa que, si bien las autoridades estatales pueden seguir adelante con el proyecto aunque este tenga impacto medioambiental, deben “notificar” o “pedir opinión” a la Comisión Europea antes de autorizar el proyecto, basándose en el “interés público” del propio proyecto.
Al respecto, la Generalitat garantiza que se está dando cumplimiento a los parámetros europeos y, aunque pudiesen faltar algunos que garantizan que se alcanzarán, se muestran convencidos de que la ampliación del aeropuerto seguirá los tiempos establecidos. Asimismo, señala que ya se han acometido actuaciones destinadas a la protección de las aves de la zona y a la recuperación de suelos que en su momento fueron pavimentados de forma indebida. Así, el Govern no pedirá el visto bueno hasta que el expediente se clausure.
Enfrentamiento con los socios
Más allá de las autoridades europeas, las opiniones de los socialistas y de sus socios habituales no coinciden. Desde el PSC aseguran que la ampliación “es una propuesta razonable, que busca el equilibrio, pero sobre todo que busca que Cataluña vuelva a recuperar su papel como una sociedad que está cumpliendo económicamente”. “Es una buena noticia para Cataluña y para España", reforzaba el coordinador del PSC en el Congreso de los Diputados, José Zaragoza.
Sin embargo, los comunes y ERC no lo ven así. "Mi partido está en contra. Basta media hora en el centro de Barcelona para saber que no cabe un turista más”, trasladaba el portavoz de los independentistas en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. "Estamos ante una muy mala noticia. Rechazamos esta propuesta. Estamos ante una propuesta del siglo pasado, del siglo XX”, coincidía el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, advirtiendo de que harán todo lo posible para tumbar el proyecto.
