El pseudosindicato ultracatólico Hazte Oír junto con el partido minoritario Iustitia Europa habían remitido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una invitación para que asistiera a una jornada sobre acusaciones populares. Sin embargo, este jueves, el responsable de la cartera de Justicia ha declinado la propuesta a través de una carta, en la que pone de relieve las “persecuciones basadas en motivos ideológicos” que llevan a cabo ambas organizaciones.
En la misiva, la cual ha avanzado elDiario.es, el ministro ha alegado motivos de agenda, pero ha reconocido que le hubiese gustado participar para poder explicar el modus operandi que siguen estas asociaciones a la hora de llevar a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. Cabe destacar en este punto que tanto Hazte Oír como Iustitia Europa encabezan las acusaciones en las causas judiciales contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, para quienes han pedido penas de 24 y 6 años de prisión, respectivamente.
En esta misma línea, estas organizaciones también ejercen de acusación popular en las causas abiertas contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión. Asimismo, también encabezan las acusaciones populares en la causa que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’ y en el ‘caso Leire’.
Con todo ello, ante la propuesta formulada por ambas organizaciones, el ministro las acusa en la misiva enviada de “desnaturalizar” la Justicia con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. En esta misma línea, Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. A razón de ello, Bolaños defiende que este tipo de organizaciones “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”. Asimismo, añade que el Gobierno considera “urgente” que se modifique el desarrollo del artículo 125 de la Constitución con el fin de evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”.
En otro orden de cosas, en la carta el ministro de Justicia menciona la reforma planteada por el Ejecutivo, en tramitación en la Cámara Baja, para limitar la acusación popular con el veto a partidos políticos y sindicatos y la exigencia de un “vínculo legítimo” con la causa. Pese a que la intención del Gobierno es tramitar ya esta reforma, si se aprueba, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2028. “En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en la carta.
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