La investigación judicial contra Begoña Gómez ha vuelto a situar en el centro del debate la relación entre política y justicia. Coinidiendo con la reunión extraordinaria de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar la actuación del juez Juan Carlos Peinado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha elevado el tono contra una causa que considera "absolutamente anómala" y que, a su juicio, está dañando la imagen del sistema judicial.
En una entrevista concedida este lunes en la Cadena SER, el titular de Justicia evitó pronunciarse sobre la decisión que debe adoptar el órgano de gobierno de los jueces respecto a la actuación del magistrado, pero sí dejó claro que la polémica investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno ha trascendido el ámbito estrictamente judicial.
"No quisiera inmiscuirme en la decisión que va a tomar el CGPJ", señaló Bolaños, antes de recordar que una de las funciones esenciales del órgano es velar por el correcto funcionamiento de la justicia y preservar el prestigio institucional del Poder Judicial.
Precisamente ahí situó el núcleo de sus críticas. Para el ministro, el problema ya no es únicamente el recorrido procesal de la causa, sino el impacto que está teniendo sobre la percepción ciudadana de la Justicia. "Lo que se está cuestionando es la buena imagen del Poder Judicial", sostuvo.
El foco sobre la decisión de Peinado
Las declaraciones de Bolaños llegan después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la retirada del pasaporte a Begoña Gómez al considerar que existía riesgo de fuga y apuntar, entre otros argumentos, a que los agentes encargados de su escolta podrían facilitar una eventual salida del país.
La resolución ha generado una fuerte controversia política y jurídica. Mientras los sectores conservadores defienden la actuación del magistrado, desde el Gobierno se cuestiona la proporcionalidad y la fundamentación de algunas de sus decisiones.
Sin mencionar expresamente una posible prevaricación, Bolaños calificó las resoluciones dictadas por Peinado como "incomprensibles a ojos de la ciudadanía" y sostuvo que se encuentran alejadas de lo que cabría esperar en una interpretación ordinaria del derecho.
El ministro insistió en que la investigación nació de una querella impulsada por una organización ultraderechista basada en informaciones periodísticas y que, en su opinión, nunca debió prosperar. "Era una causa que debió archivarse desde el primer día", afirmó.
Aun así, evitó personalizar sus críticas en el conjunto de la carrera judicial y defendió el funcionamiento de los mecanismos de control internos. "La inmensísima mayoría de los jueces realizan su trabajo con rigor e imparcialidad", aseguró, mostrando su confianza en que los tribunales superiores revisen y, en su caso, corrijan las decisiones que considere erróneas.
El Gobierno denuncia una estrategia de desgaste
Más allá del debate jurídico, Bolaños aprovechó su intervención para denunciar lo que considera una estrategia coordinada de la derecha y la ultraderecha para erosionar al Ejecutivo a través de los tribunales.
Según explicó, dirigentes progresistas reciben de forma recurrente denuncias y querellas promovidas por organizaciones ultras que, en la mayoría de los casos, terminan archivadas. Sin embargo, considera que algunas de esas iniciativas logran abrir procedimientos judiciales que posteriormente son utilizados como herramienta de desgaste político.
"Existe una estrategia de partidos políticos y organizaciones de ultraderecha para derribar al Gobierno a cualquier precio", afirmó el ministro. A su juicio, determinados sectores intentan utilizar cualquier vía disponible para debilitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando no consiguen hacerlo mediante la confrontación parlamentaria.
En ese contexto, defendió que la situación de Begoña Gómez constituye un ejemplo paradigmático de esa dinámica. "Hay una mujer que no ha hecho nada y para la que asociaciones ultraderechistas están pidiendo 26 años de cárcel", señaló.
Bolaños también rechazó las acusaciones de doble vara de medir ante los distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno socialista. Preguntado por casos como el de José Luis Ábalos o la polémica relacionada con Leire Díez, el ministro reclamó analizar cada asunto de forma individual. "Cuando consideramos que existen indicios sólidos, tomamos decisiones inmediatamente", aseguró. Como ejemplo, recordó que en el caso del exministro Ábalos el PSOE actuó políticamente antes incluso de que se produjeran determinadas resoluciones judiciales.
Asimismo, sostuvo que otros episodios recientes no han tenido repercusiones sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, diferenciándolos de la investigación que afecta a la esposa del presidente del Gobierno.
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