Las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) no han acudido este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, con el propósito de abordar la reubicación de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla. Ante el 'plantón' de los consejeros populares, la reunión no ha podido celebrarse por falta de "quórum" para tomar las decisiones correspondientes. A falta de confirmar el número total de consejeros presentes en la reunión, entre otras comunidades, han asistido Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada por el PP que ha acudido.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia lo han calificado como un "gesto performático" por parte de las CCAA del PP debido a que "el Real Decreto sigue adelante", acusándoles de "falta de cooperación" y "dejación de funciones". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidía la reunión convocada a las 9:30 horas, que aunque se preveía tensa, debía servir para avanzar en un plan de actuación conjunto.
Por su parte, los gobiernos autonómicos del PP señalan al Ejecutivo central de imposición de un reparto “forzoso” e “ilegal” que, a su juicio, vulnera el principio de igualdad territorial. Sin embargo, el Gobierno buscaba lograr el respaldo de las autonomías a un paquete de 100 millones de euros para sufragar traslados y acogida de menores, uno de los principales puntos de fricción. Hasta once comunidades del PP han llevado el decreto al Tribunal Constitucional, lo que evidencia el alto grado de confrontación institucional.
A pesar de este nuevo bloqueo, desde el Ministerio aseguran que la ausencia de los consejeros populares no detendrá la aplicación del real decreto, aprobado para garantizar el interés superior del menor ante situaciones de contingencia migratoria extraordinarias.
El objetivo del Ejecutivo es reubicar a unos 4.400 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otros territorios, especialmente Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, diversas fuentes apuntan a que esta cifra podría reducirse notablemente, ya que muchos de estos jóvenes están cumpliendo la mayoría de edad mientras el debate político sigue sin resolverse.
