La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado en el que rechaza la norma del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre procesos judiciales. El anteproyecto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros faculta al CGPJ a ordenar a "quien perturbe o inquiete" a los jueces "el inmediato cese en dicha conducta".
Penalización de determinadas informaciones
"La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", señala el anteproyecto. Este apartado dice literalmente así: "El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses".
"Se atenta contra la libertad de expresión e información"
Ante el contenido del antreproyecto, la APM expone que "se atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático" y "no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma". "Los medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento", insiste la asociación.
Una más a sumar a la Ley de Seguridad Ciudadana o la de Enjuiciamiento Criminal
Para la APM si esta norma es aprobada y convertida en Ley "toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de realizar su trabajo". Así, advierten de que el Gobierno "parece empeñado" en promover y aprobar leyes con normas que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, "olvidando que solo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático".
