Mientras el PSOE pide el reingreso del empresario y conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, al considerar que su colaboración con la justicia es “una falacia” plagada de mentiras, el comisionista, lejos de esconderse, disfruta de un día a día de lo más plácido.
Tanto es así que en los últimos días ha sido captado en el Parque de Atracciones de Madrid, tal y como ha comprobado ElPlural.com. Todo a la vez que, si bien se encuentra fuera de prisión desde el pasado mes de noviembre, no escapa al foco mediático y a la controversia desde que estallara el caso del asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Hay que remontarse a entonces para encontrar el momento en el que Aldama salió de la cárcel por una “supuesta colaboración con la justicia” que, en la práctica, se ha traducido en un sinfín de nombres que escapan a cualquier contexto y pruebas falsas que carecen de explicaciones que puedan derivar en nada punible contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, o cualquier miembro de la comitiva socialista.
Los socialistas solicitan que el empresario vuelva a la cárcel
El Partido Socialista, personado como acusación popular en la causa del fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, sigue pidiendo que el comisionista vuelva a la cárcel por lo estimado unas líneas más arriba.
La formación recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ocupa de las pesquisas, ya alertó en uno de sus informes del riesgo de que los miembros de la trama destruyan u oculten pruebas, mientras el empresario utiliza para sus acusaciones informaciones “manifiestamente falsas”.
Retahíla de pruebas sin fundamento
Para encontrar el instante en que fue imputado el empresario se debe retroceder aún más en el tiempo: hasta febrero de 2024. Es aquí cuando es llamado a filas, si bien guarda silencio durante meses, hasta que ocho después es encarcelado. En ese instante, el empresario pasa a la ofensiva y pone a funcionar la maquinaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez con una presunta trama de corruptelas aportando pruebas cuanto menos cuestionables que no han tardado en quedar desacreditadas.
Entre ellas destacan las supuestas cuentas en el extranjero de Gómez. En una entrevista en la Cadena Cope en enero, el empresario confirmó que existía una denuncia en la Fiscalía con un listado de cuentas millonarias en el extranjero que, presuntamente, pertenecían a miembros del Ejecutivo como la vicepresidenta María Jesús Montero, a su vez secretaria del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y a la propia mujer del presidente.
Apenas unos días después la Fiscalía Anticorrupción archivó dichas denuncias aludiendo falta de credibilidad y ausencia de pruebas válidas, dado que estaban basadas en documentación falsa entre la que se encuentran extractos bancarios claramente manipulados. En los mismos términos se pronunció el Tribunal Supremo (TS), que también desestimó las acusaciones, en su caso por una ausencia “absoluta” de “cualquier indicio mínimamente fundado”.
Pero las presuntas cuentas son solo un ejemplo de la multitud de supuestos datos con los que Aldama busca implicar al Ejecutivo no se quedan ahí. En esta línea, aflora una denuncia elevada al Senado que tuvo el mismo recorrido: fue archivado por parte de la Fiscalía. En su caso, el texto, redactado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, incluía un listado de supuestas cuentas bancarias asimismo de varios miembros del partido y de Moncloa, como Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán. La única fuente aportada justo al documento fueron las declaraciones del propio Víctor de Aldama.
Dentro de otras denuncias relacionadas con el comisionista se encuentran una querella presentada por el PP contra los socialistas por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias inspiradas en declaraciones de Carmen Pano a medios. En ella, la empresaria confirmó haber llevado 90.000 euros a Ferraz en octubre de 2020 por orden de Aldama; una querella que se basa en testimonios anónimos y en las afirmaciones públicas de Pano, pero que no aportan pruebas documentales adicionales; ni siquiera identificaba a los responsables de recibir el montante. El dictamen de la Audiencia Nacional fue rechazar la querella y que existiera vinculación alguna entre los ‘populares’ y la causa de los hidrocarburos, por la que pasó de imputado a encarcelado.
Entretanto, cabe recordar que Víctor de Aldama también vertió acusaciones en torno a una supuesta entrega de 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar en frente de la sede del PSOE; o el pago de 50.000 euros a Ángel Víctor Torres por contratos de mascarillas durante la pandemia del Covid. Tampoco han prosperado judicialmente.
