El periodista Juanma Fernández denunció en un programa de El Canal Red el gasto realizado por la Junta de Castilla y León en un vídeo elaborado por EDA TV, medio vinculado al periodista Javier Negre, que —según aseguró— tuvo un alcance mínimo en redes sociales.

Durante su intervención, Fernández afirmó que el Ejecutivo autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco habría pagado 833 euros por cada minuto de un contenido audiovisual que únicamente registró 245 visualizaciones. El periodista presentó este dato como ejemplo del uso de fondos públicos en medios digitales afines con escasa repercusión.

“Es David contra Goliat”, señaló Fernández durante el programa, donde defendió la necesidad de regular de forma más estricta la publicidad institucional y criticó que determinados medios digitales puedan sostenerse gracias a contratos públicos.

El colaborador de El Canal Red reclamó además una futura legislación que establezca criterios objetivos y transparentes para el reparto de campañas institucionales. “Urge ya una ley de publicidad institucional para que estos pseudomedios no vivan de nuestros impuestos”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político y mediático sobre el destino de la inversión pública en publicidad institucional, especialmente en medios digitales y plataformas vinculadas a líneas editoriales claramente ideologizadas.

Por el momento, ni la Junta de Castilla y León ni EDA TV han realizado declaraciones públicas sobre las cifras expuestas durante el programa. Sin emabrgo, la clave está en los contratos menores. 

Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), estos contratos son procedimientos de adjudicación directa ágiles para el sector público. Es decir, no necesitan ser licitados y pueden ser adjudicados a dedo.

Estos contratos tienen que tener un importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios o suministros. Y ahí es justo donde el PP ha encontrado la vía legal para financiar estos pseudomedios.

Desde comunidades autónomas como las de Murcia, Extremadura, Galicia, Aragón, Canarias, Madrid o Comunitat Valenciana a diputaciones como las de Ciudad Real, Toledo, Ourense, Cádiz o Zamora. También ayuntamientos como los de Madrid, Alhama de Murcia, Colmenar Viejo, La palma del Condado, Nerja, Níjar, Sant Antoni de Portmany, Torremolinos, Yecal, El puerto de Santa María, Alcobendas, Arroyomolinos, Toledo, Mojácar o Calviá.

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