La estrategia del Partido Popular frente al Gobierno ha incorporado un nuevo frente político: el censo electoral. Alberto Núñez Feijóo ha situado en el centro de su discurso la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente por la ampliación de la denominada "ley de nietos"— y la regularización extraordinaria de inmigrantes, dos iniciativas que, a su juicio, responden a una "ingeniería electoral" destinada a aumentar el número de ciudadanos con derecho a voto antes de futuras elecciones.
El líder del PP aseguró que el Ejecutivo pretende incorporar "dos millones y medio" de nuevos electores mediante la concesión de nacionalidades españolas y nuevos pasaportes.
"Hay una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo, en incrementar en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español", afirmó.
Feijóo sostuvo además que detrás de estas decisiones existe "un interés evidente de conseguir nuevos votantes", porque, según dijo, "con los votantes actuales no les salen las cuentas".
El presidente del Partido Popular anunció igualmente que su formación continuará estudiando la evolución de las nacionalizaciones y los procedimientos mediante los cuales se están concediendo.
Del plus al ganador al debate sobre el censo
Las declaraciones llegan apenas unos días después de que el propio Feijóo defendiera una reforma electoral para otorgar un "plus" de representación a la lista más votada, una propuesta que volvió a poner sobre la mesa el viejo debate sobre la gobernabilidad y la proporcionalidad del sistema electoral. Ahora, el foco se desplaza desde las reglas del reparto de escaños hacia el propio cuerpo electoral.
El denominador común de ambos planteamientos es la insistencia del PP en revisar algunos de los elementos que condicionan el resultado de las elecciones: primero, el sistema de asignación parlamentaria; ahora, el volumen y composición del censo.
El recuerdo del 23-J
Las palabras de Feijóo también reflejan el peso político que sigue teniendo el desenlace de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Aquel día, el Partido Popular obtuvo la victoria en votos y escaños, pero fue incapaz de reunir una mayoría suficiente para formar Gobierno. Pedro Sánchez, en cambio, logró revalidar la Presidencia gracias a una mayoría parlamentaria articulada con Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG.
Desde entonces, el líder popular ha insistido en cuestionar distintos aspectos del funcionamiento institucional: la ley de amnistía, los acuerdos parlamentarios con Junts, la regularización extraordinaria de inmigrantes y, ahora, los procesos de adquisición de la nacionalidad española.
El Gobierno rechaza las acusaciones
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calificó recientemente de "falsas y dañinas" las declaraciones que ponen en duda la limpieza de los procesos democráticos y recordó que tanto la concesión de la nacionalidad como la regularización extraordinaria responden a procedimientos regulados por la legislación española.
Según defendió, ambas políticas obedecen a criterios económicos, sociales y de justicia, y no persiguen alterar el resultado de futuras elecciones.
El Gobierno insiste además en que la obtención de la nacionalidad española no implica automáticamente el ejercicio del derecho al voto en todos los procesos electorales y que cada supuesto está sometido a los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Un nuevo eje de confrontación
El debate sobre el censo se ha convertido así en una nueva línea de confrontación entre Gobierno y oposición.
Mientras el PP interpreta las nacionalizaciones y regularizaciones como decisiones con un potencial impacto político, el Ejecutivo sostiene que forman parte de políticas públicas previstas en el ordenamiento jurídico y niega cualquier finalidad electoral.
En ese contexto, el discurso de Feijóo introduce un nuevo elemento en la estrategia de oposición: trasladar la discusión desde las alianzas parlamentarias hacia la legitimidad de la composición futura del electorado, en un momento en el que el Partido Popular continúa reclamando un adelanto electoral.
Sin embargo, las afirmaciones del líder popular también evidencian la importancia que concede al escenario electoral que pueda configurarse en los próximos años. Al advertir de un supuesto aumento de votantes favorable al Gobierno, el presidente del PP proyecta la idea de que una futura derrota podría venir condicionada por cambios en el cuerpo electoral más que por una modificación de las preferencias políticas existentes.
El giro discursivo de Feijóo también supone un cambio significativo respecto a la posición que el propio Partido Popular ha mantenido históricamente sobre la ampliación del cuerpo electoral. Durante años, la formación defendió la extensión del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y reclamó eliminar trabas como el denominado voto rogado.
Ahora, sin aportar pruebas de irregularidades en los procedimientos de nacionalización o regularización, el líder popular sugiere que el incremento potencial de electores responde a una estrategia partidista del Gobierno. Esa tesis desplaza el foco desde el debate sobre las políticas migratorias hacia la legitimidad del propio censo electoral y abre un terreno especialmente sensible en cualquier democracia: cuestionar las reglas del juego antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
Esa lectura ha sido interpretada por sus adversarios como un intento de anticipar un marco de desconfianza sobre las reglas del juego democrático, mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier incorporación al censo deriva exclusivamente de procedimientos legales aprobados por las Cortes Generales y aplicados conforme al Estado de derecho.
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