El Tribunal de Cuentas ha denunciado que tres empresas proveedoras del Partido Popular que preside en Castilla La Mancha María Dolores Cospedal han incumplido la obligación de remitir a dicho tribunal información detallada de los importes facturados en materia electoral por cuantías que sobrepasan los 310.000 euros, según se desprende de los resultados de fiscalización de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas con motivo de las elecciones autonómicas castellano-manchegas, celebradas el 24 de mayo de 2015.

Las tres empresas aludidas son Dayli Post (Unipost), que no ha detallado un gasto de 176.954 euros; Comunicación y Prensa Castilla-La Mancha S.L (As Comunicación), que no ha hecho lo propio con un gasto de 37.086 euros, y Logística de Sonido y Luces S.L., que facturó al PP 97.887 euros, cantidades recogidas por Europa Press.

Diputado provincial y hombre de Tizón
Entre esas empresas destaca As Comunicación, propiedad de la esposa del alcalde de la localidad toledana de Gálvez y diputado provincial del PP, Manuel Fernández, fiel escudero del denostado expresidente de la Diputación de Toledo, además de diputado nacional, concejal en el Ayuntamiento de Toledo, diputado provincial y presidente del PP de esta provincia, el pluriempleado Arturo García-Tizón, cuya gestión al frente del organismo provincial, donde Fernández ocupaba la polémica “cartera” de empleo, está siendo objeto de una comisión de investigación sobre el gasto de 400.000 euros en la reforma de unas viviendas propiedad de la Diputación para uso y disfrute personal de él y de los suyos, a raíz de una publicación exclusiva de ELPLURAL.COM.

“Qué hay de lo mío”
Y es que la Diputación de Toledo se convirtió bajo la presidencia de García-Tizón (2011-2015) en un centro cuajado de caprichos faraónicos y de enchufismo desaforado, como así lo denunció el PSOE en repetidas ocasiones, bautizando al expresidente ahora investigado como “el Baltar de La Mancha”, en referencia al cacique gallego del PP, José Manuel Baltar, que presumía de colocar desde su cargo de presidente de la Diputación de Ourense a cientos de personas. En este sentido, los socialistas no se cansaron de denunciar las colocaciones a dedo y el enchufismo practicado por el PP, sobre todo por el Manuel Fernández, que lleva “toda la vida” de alcalde de Gálvez, una pequeña localidad toledana de apenas 3.000 vecinos, beneficiada constantemente por los talleres de empleo que regularmente sacaba el PP “para colocar a sus votantes”, denunciaron los socialistas, que no entendían que Toledo o Talavera, con datos de paro preocupantes por aquel entonces, tuvieran menos vecinos trabajando que el pueblo dirigido por el exdiputado de Personal, el tal Fernández.

La culpa es del “cha-cha-cha”…
Eso sí, en honor a la verdad hay que decir que el Tribunal de Cuentas no culpa al Partido Popular, partido en el que milita el alcalde Manuel Fernández, sino a la empresa de la mujer de éste, Comunicación y Prensa Castilla-La Mancha S.L, precisando que todas las formaciones han presentado contabilidad y que el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones ha ascendido a un millón de euros, sin que ninguna formación política haya superado los límites de gastos específicos previstos para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha. “Está claro, Fernández y su mujer dirán que la culpa es del cha-cha-cha y que el Tribunal de Cuentas ha obviado otros factores, etc.”, ironizan las fuentes socialistas consultadas por ELPLURAL.COM.

…O de los correos olvidadizos
Pero no sólo As Comunicación no ha detallado sus facturas ante ese tribunal, tampoco Unipost, empresa postal contratada por el PP de Cospedal, que prefirió a una compañía privada antes que a Correos para el reparto de su propaganda electoral, “olvidó” comunicar al Tribunal de Cuentas . Y no es de extrañar esta costumbre “olvidadiza” de Unipost, ya que hace unos meses puso en un brete a un buen número de desempleados penalizados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) a no cobrar su prestación. Los trabajadores afectados, entre ellos algunos de Ciudad Real, pudieron demostrar finalmente que fue Unipost la causante de la ausencia de los mismos en las oficinas del organismo estatal en el momento en el que fue requerida su presencia, ya que la empresa citada “olvidó” notificar la existencia de esas citas a los afectados. Solución: el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no ha penalizado a esta compañía, sino que ha vuelto a adjudicarle el servicio de notificaciones del SEPE en un buen número de provincias.