El Triibunal Supremo decidirá sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco el próximo 24 de septiembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal deliberaba sobre el fondo del asunto desde que el pasado mes de junio acordara de forma unánime suspender cautelarmente la orden del Gobierno para sacar los restos del dictador el 10 de junio. Desde entonces se han estudiado las alegaciones presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la familia Franco y diversas asociaciones en relación con este procedimiento.
La paralización de la exhumación se justificó en su día por el Supremo en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".
En este asunto están personados, además de la familia Franco, la Fundación que lleva su nombre, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
La Abogacía del Estado dice que no se vulneran derechos
La Abogacía del Estado consideró que la exhumación del dictador del Valle de los Caídos "no vulnera los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar" de los Franco, por lo que respalda la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar los restos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Según las alegaciones de la Abogacía del Estado, no existe un derecho "a no ser removido del lugar de enterramiento" y, además, el nuevo emplazamiento, donde también está enterrada Carmen Polo, no presenta “problemas de seguridad”.
