El PSC renace según las encuestas como mínimo para situarse en los números de 2011, cuando obtuvo 14 diputados, lejos de los 25 alcanzados por Carme Chacón en 2008. Ahora está en nueve y su recuperación le permite competir con ERC como eventual ganador de los comicios del 28-A en Cataluña. La doble condición de los socialistas catalanes como favoritos y como compañeros de Pedro Sánchez, futuro presidente a juicio de los sondeos, les han situado en el centro del debate, una posición casi olvidada para el partido de Miquel Iceta. Esta centralidad le obliga a enfrentarse continuamente a los dos tótems plantados por el independentismo en el centro del escenario electoral: el artículo 155 y el 80% de los catalanes que estarían a favor del derecho a la autodeterminación.

En Cataluña, el lobo feroz de las elecciones no se llama Vox como en el conjunto de España, aquí se le conoce por el 155. Este famoso artículo de la Constitución se ha convertido en una arma electoral arrojadiza contra los socialistas, tanto por los partidarios de su aplicación como por sus detractores. Los candidatos del PSC y los del PSOE responden que no van a dudar en aplicarlo de reproducirse las condiciones de desobediencia institucional protagonizadas por el gobierno de la Generalitat en octubre de 2017 pero que no tiene sentido hablar de una reedición del 155 dado que en estos momentos no se perciben dichas circunstancias y hacerlo sin motivo sería claramente inconstitucional.

Para el PP, Ciudadanos y Vox, la falta de entusiasmo del PSC y PSOE ante una nueva y prolongada intervención de la Generalitat es un síntoma inequívoco del abandono socialista del bloque constitucional. Los candidatos de la derecha creen que en este artículo milagroso está la solución al conflicto político y apelan a las numerosas declaraciones de los dirigentes independentistas sobre referéndums de autodeterminación y vías eslovenas a la independencia como razones suficientes para aprobar un 155 eterno, sin atender a la diferencia entre palabras y hechos. Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha desestimado una querella de Vox contra Quim Torra por sus manifestaciones de admiración por el proceso independentista de Eslovenia, sin que tal precedente haya modificado un ápice el ardor intervencionista.

ERC y JxCat han convertido el 155 en la demostración supuestamente científica de la voluntad represora del Estado español y de la equiparación del PSOE con las tres derechas en materia de política identitaria. Para estos dos partidos, el 155 es un peligro inminente y un motivo de descalificación del PSC y su propuesta de diálogo por haber apoyado el PSOE su aplicación en 2017. Para el independentismo el 155 es también la pantalla más preciada para blanquear el fiasco de la proclamación de la república y el episodio lamentable de la aprobación de la ley del referéndum y la de la transición nacional en el Parlament. Antes del 155 para el independentismo solo hubo el referéndum del 1-O y después del artículo sólo Quim Torra y la cárcel para los procesados en el TS.

Para los Comunes, el 155 es el gran elemento diferenciador respecto del PSC en una campaña en la que se presentan como socios seguros de un gobierno de Pedro Sánchez, aunque de vez en cuando esgrimen el fantasma de un pacto PSOE-Ciudadanos para mantener la mínima tensión electoral. También el reconocimiento del derecho de autodeterminación separa al partido de Ada Colau de los socialistas catalanes, cuya cabeza de lista, Meritxell Batet, al final han tenido que admitir que en 1977 su partido reclamaba este derecho, aunque un año más tarde ya lo direccionaba como argumento para alcanzar la república federal de España y ahora niega en redondo su aplicación como fórmula para plantear una solución al conflicto actual.

El gran axioma de la campaña independentista (compartido por los Comunes) es que el 80% de los catalanes estarían a favor del derecho a la autodeterminación, un derecho que a menudo es confundida por los oradores con la simple voluntad de votar. Esta cifra mágica para reclamar al PSOE y al PSC que escuchen la voz de Cataluña de una vez por todas es un argumento con los pies de barro. En este alto porcentaje conviven quienes son partidarios de un referéndum unilateral, los que aspiran a un referéndum legal y pactado y quienes reivindican votar cualquier fórmula que se acuerde para la mejora del autogobierno en un referéndum estatutario.

Según el último sondeo publicado por La Vanguardia, la mayoría de los catalanes, un 73%, serían favorables a una reforma constitucional y un 70% a un nuevo modelo de financiación para Cataluña, situando a los partidarios de un referéndum de independencia en el 58%, un porcentaje que se aviene mucho más a la fuerza electoral de los partidos independentistas, a los que en este caso habría que sumar a los soberanistas de los Comunes, quienes reivindican el referéndum pero no el voto favorable a la independencia. Una posición parecida mantenía el PSC en tiempos de Pere Navarro, cuando defendía el derecho a decidir.

El derecho a decidir es una variante del principio democrático popularizada por los sabios del Consell Assessor per a la Transició Nacional, ante la evidencia de no poder apelar en propiedad al derecho de autodeterminación tal como lo entiende la ONU. Hasta este punto aguantó el PSC el envite, votemos para decidir que decidimos que no queremos ser independientes; entonces disponía de 14 diputados en el Congreso, los que puede volver a tener a partir de del 28-A.