La Comisión de Justicia del Congreso celebrará este martes la primera reunión de la ponencia para la reforma de la Ley de Indultos de 1870, una cita a puerta cerrada donde los grupos parlamentarios comenzarán a buscar consensos en torno a la proposición de ley que impulsó en su día el PSOE. El PP aprovechará para pedir que se prohíba el perdón a los condenados por rebelión o sedición, los cargos que se imputan a los presos independentistas del referéndum del 1-O de 2017.
Esta proposición de ley, registrada en agosto de 2016 y aceptada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que data de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género. Ahora, un año después, los grupos comenzarán a trabajar sobre la iniciativa.
Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces no se movió nada hasta que a finales de septiembre la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió la convocatoria de la ponencia para impulsar su tramitación.
El PP exigió acelerar los trabajos
En concreto, Montserrat dio un ultimátum de 24 horas a los socialistas para activar la modificación de la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión.
Incluso llegó a avisar de que si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así, la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por Isabel Rodríguez, decidió impulsar la ponencia, que se constituyó el pasado 9 de octubre, y fijar para este martes su primer encuentro con el fin de ponerse ya 'manos a la obra'.
Cerrar la puerta
De entrada, el PP ya ha anunciado su objetivo de excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Todo ello a raíz de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostrara partidaria de indultar a los líderes soberanistas presos o de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara que "no sería lógico alargar la prisión preventiva" si el juicio de los políticos del 'procès' se dilata en el tiempo.
