A lo largo de estos días, hemos visto la trayectoria de Juan Pablo González, el nuevo magistrado de varias piezas del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Las formas apuntan a que González podría ser recusado por su vinculación con el Partido Popular, pero el fondo también tiene interés. Porque a lo largo de su carrera, el juez ha protagonizado varias polémicas, algunas relacionadas con su ideología, como su defensa del magistrado de Sagunto que defendía la objeción de conciencia para no casar a parejas homosexuales.
González está muy vinculado al Partido Popular. En varias facetas. De hecho, uno de sus hermanos, Manuel González fue diputado en el Congreso con el Partido Popular por la provincia de Segovia. Región en la que llegó a ser vicepresidente de la Diputación y en la capital del acueducto llegó a ser teniente de alcalde en dos legislaturas. Además, Manuel González también fue diputado en las Cortes de Castilla y León.
En su trayectoria vinculada al Partido Popular, ambos hermanos se parecen. Aunque para rastrear la del juez Juan Pablo hay que indagar más. Como ya ha explicado El Plural, González fue ascendido a vocal del CGPJ con los votos de los senadores del PP, algunos de ellos vinculados a Gürtel. Después, el Gobierno de Mariano Rajoy, con la firma de Soraya Sáenz de Santamaría, le premió con el codiciado puesto de juez de enlace en París.
Y, a su vuelta, se colocó en la Audiencia Nacional gracias a seis prórrogas de “urgencia”, en lugar de volver a su puesto en la Audiencia Provincial de Madrid. Unas prórrogas, por cierto, firmadas por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y compañero de González en los cursos de FAES, la fundación del Partido Popular, donde también estuvo con un acusado en Gürtel.
Objeción de conciencia para casar a homosexuales
¿Y qué impronta ha dejado González en su paso por las altas esferas de la Justicia? Empecemos por el CGPJ, el órgano de Gobierno de los jueces, donde el PP le colocó en el año 2001 como vocal. Allí llegó junto a otro juez votado por el PP y numerario del Opus Dei y juntos emitieron un voto discrepante para apoyar, frente al criterio del CGPJ, a un juez de Sagunto que defendía que los jueces del Registro Civil podían negarse a tramitar matrimonios de homosexuales. Frente a la decisión del CGPJ que rechazó el recurso de dicho juez, Santiago y su compañero alegaban que le amparaba la objeción de conciencia.
En dicho voto particular, González y el magistrado del Opus Dei, José Luis Requero, defendían que "es legítimo y conforme a Derecho el planteamiento de una objeción de conciencia que, fundada en motivos religiosos, encierra una clara demanda de tutela de su derecho a la libertad religiosa, demanda que el CGPJ, en virtud de la obligación que constitucionalmente le viene impuesta, no puede obviar ni eludir".
Aunque desde un punto de vista social, la mayor polémica fue su decisión como miembro de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial de rechazar la petición de la Fiscalía de sancionar con una multa muy grave al juez Rafael Tirado por no haber ejecutado la pena de prisión del pederasta Santiago del Valle, quien aprovechó su libertad para asesinar a la pequeña Mari Luz Cortés.
Rafael Tirado, que fue presidente en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura -a la que pertenece González- se enfrentaba a varias resoluciones: suspensión de tres años, traslado forzoso o incluso expulsión de la carrera judicial, como pedía la familia de Mari Luz. Finalmente, la Comisión del CGPJ, con los votos de González y otros dos vocales, se llevó una multa de 1.500 euros por falta grave.
Absolución de Vielmann contra la Fiscalía
En la Audiencia Nacional, la polémica tampoco ha esquivado a González en su trayectoria meteórica. Ya como magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, con el apoyo de su presidenta, Concepción Espejel, este magistrado absolvió al exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann. Este exdirigente guatemalteco estaba acusado del asesinato de diez presos fugados o amotinados en dos cárceles del país centroamericano en 2005 y 2006
Curiosamente, en el mismo juicio estaba José Ricardo de Prada, quien emitió un voto particular porque consideraba que debía ser condenado a los 160 años de cárcel que pedía la Fiscalía. De Prada es ahora el juez a quien González ha arrebatado la ponencia de las piezas de Gürtel.
