Esta tarde llega a su fin el juicio al procés. Después de cuatro meses el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, declarará el visto para sentencia tras escuchar las últimas declaraciones de la jornada.

El pasado 4 de junio, Rosa María Seone, abogada del estado, determinaba un delito de sedición, al considerar que no existió violencia durante el 1 de octubre. Esta era la mayor diferencia con la Fiscalía que apunta un delito de rebelión y pide penas de más años para los encausados.

Tras las diversas consideraciones hoy era el turno de la defensa. Los abogados de los inculpados han tenido, en su gran mayoría, una hora para declarar a favor de sus clientes. La última palabra la han tenido los 12 líderes independentistas que han contado con 15 minutos para expresar su alegato final.

Uno por uno los políticos independentistas sentados en el banquillo han realizado sus declaraciones, la tónica general de sus manifestaciones ha radicado en apelar al diálogo y en subrayar que no hubo violencia.

El primero ha sido Oriol Junqueras, citando a Petrarca y realizando un llamamiento “a promover la democracia, la convivencia y el bien común", el líder de Esquerra ha utilizado pocos minutos del tiempo que le había sido concedido.

Raül Romeva y Forn han mantenido que han sido encausados por sus ideas políticas. Forn ha negado "rotundamente" que su actuación estuviera dirigida a romper el orden constitucional, por lo que ha pedido al Tribunal su libertad

El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez también ha tenido su turno. Ha querido aprovechar para lanzar una reflexión sobre la prisión preventiva y ha acusado a la Fiscalía de "utilizarla" para ofrecer acuerdos "a cambio" de la declaración de culpabilidad de imputados "con elementos probatorios muy débiles".

Rull ha dicho estar "tranquilo en conciencia" porque ha "dado la cara" en el juicio y considera que haber "firmado una hoja de ruta que fue la base de un programa electoral", haberse "reunido para preparar el proceso de independencia catalán" y "no autorizar el atraque" del barco conocido como 'Piolín' no es motivo para que la Fiscalía le acuse de rebelión y pida una condena de 16 años de cárcel.

Así han ido declarando uno detrás de otro los encausados para defender su libertad. Finalizada la jornada judicial el Tribunal Supremo ha dictado visto para sentencia y los políticos presos deberán esperar a la resolución final.