El consejero de Presidencia, Santiago Moreno, ha dicho, en una comparecencia pública tras una reunión urgente, que el Gobierno castellanomanchego seguirá colaborando en el traspaso de poderes al futuro gobierno del PP, incluso en los próximos meses, por "responsabilidad democrática".

Falso, que se estén destruyendo documentos
Moreno ha calificado de "rotundamente falsa" la acusación del PP de que se están destruyendo documentos oficiales porque la destrucción de cualquier documento que forme parte de un expediente público administrativo "sería un delito".

Exigirán responsabilidades
El consejero de Presidencia ha señalado que la Junta ha puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos las declaraciones de dirigentes del PP para que estudien si fueran constitutivos de delito y, en ese caso, exigir "responsabilidades penales".

No hay 95 empresas públicas, hay 13
La Junta ha aclarado, por otro lado, que la acusación del PP sobre el número de empresas públicas que hay en la Comunidad tampoco se basa en datos ciertos. No son 95, como sostienen los populares, sino que eran 24 hasta el mes de enero, cuando el Gobierno socialista de José María Barreda cerró casi la mitad dejándolas en un total de 13 entidades.La vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo ha hecho esta precisión a El País, este lunes.

La acusación del PP
El PP ha acusado a la Junta de estar “en quiebra”, sin datos objetivos que lo avalen y ha anunciado un plan de choque que incluye el cierre de “entre el 50% y el 75% de las empresas públicas” porque, según dijo, son un refugio de “colocados del PSOE”.

El plan de ajuste de Barreda
La consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha afirmado que el Gobierno de Barreda ya está aplicando desde enero un plan de equilibrio para ahorrar casi 1.000 millones de euros -sobre un Presupuesto anual de 8.700 millones. Y ese plan también incluye el cierre de empresas públicas. De los 1.000 millones de ahorro, más de 700 millones vendrían del recorte de gastos y más de 200 millones del aumento de ingresos.

La aclaración sobre las empresas
Según la consejera, las 95 empresas públicas a las que se refiere el PP -en realidad, 96- no son empresas sino “entidades públicas”, lo que incluye fundaciones, consorcios, la Universidad y organismos como el Servicio de Salud, oficinas de Empleo o el Instituto de la Mujer. “Solo en el Servicio de Salud ya trabajan 30.000 funcionarios. Supongo que el PP no está hablando de cerrar esas entidades”, ha dicho Araújo.

“Las empresas públicas eran 24 y en enero nos comprometimos a dejarlas en la mitad. Ya se ha hecho: se han eliminado ocho y otras tres están en proceso de cierre”, ha precisado la consejera.