La inoperancia del gobierno Torra será debatida este miércoles en el Parlament, a propuesta del PSC. A pesar de la existencia de un análisis ampliamente compartido por la oposición, incluida la CUP, sobre la inútil agonía de una legislatura perdida desde el primer día (aunque por causas diferentes, según cada grupo), lo más probable es que el debate quede en nada. Los intereses electorales van a primar no solo en las intervenciones sino también en el sentido del voto por el temor a coincidir con los rivales del 28A. En general, en la cámara catalana, dividida en dos grandes bloques formados entorno al soberanismo y el constitucionalismo, tiene tanta trascendencia lo qué se vota como con quién se vota.

Los grupos de la oposición han mantenido algunos contactos sobre la propuesta de los socialistas, sin que haya trascendido ninguna decisión coral ante la disyuntiva que plantea la moción al presidente Quim Torra para salir del largo paréntesis en la acción parlamentaria y la gobernación del país: o presenta una cuestión de confianza o convoca elecciones. Ninguna de estas alternativas es a día de hoy válida para el gobierno de coalición de JxCat y ERC. El gobierno, tras la ruptura con la CUP, está en minoría en la cámara, siempre a merced del estado de ánimo de los Comunes, habiendo perdido un tercio de las votaciones; y la carta del avance electoral está reservada para ser jugada tras la sentencia del Tribunal Supremo y siempre al servicio de los planes personales de Carles Puigdemont.

La parálisis parlamentaria en esta legislatura es innegable. Solo se han aprobado cuatro leyes, tres de las cuales, modificaciones de textos: retraso en la entrada en vigor del conocimiento del inglés en las universidades catalanas, ampliación de la renta garantizada de ciudadanía a las mujeres víctimas de agresiones machistas ingresadas en casas de acogida y el cambio de la ley de Presidencia de la Generalitat para introducir la posibilidad de la elección telemática del presidente, suspendida inmediatamente por el Tribunal Constitucional. La única ley nueva fue la de supresión del consejo comarcal del Barcelonés. El resto de la actividad se ha limitado a resoluciones y mociones simbólicas y la creación de comisiones de investigación, la última de las cuales, la dedicada a las actividades de la monarquía ha sido también suspendida.

El balance del gobierno es igual de gris, tanto, que su único motivo de contrataque para las críticas de la oposición ha sido anunciado por el vicepresidente Pere Aragonés: la aprobación este marte de un suplemento de crédito de 814 millones para hacer frente al aumento del gasto en personal y al abono de la parte pendiente de la paga doble de 2013. Esta prueba de vida del gobierno es consecuencia obligada de las dos prórrogas presupuestarias consecutivas aplicadas por la Generalitat. En el actual ejercicio, ni siquiera ha presentado un borrador de cuentas en el Parlament, dada la imposibilidad de obtener el apoyo de ningún otro grupo que no fuera el de los socios de gobierno, por si solos, minoritarios.

Torra no asumió la presidencia para gobernar sino para mantener el estado de excepcionalidad, como mínimo hasta conocer el alcance de la sentencia del Procés. En esta circunstancia, el debate de la inoperancia legislativa y gubernamental será suplantado muy probablemente por los últimos episodios protagonizados por el gobierno y la Junta Electoral Central a cuenta de la retirada de los lazos amarillos o la prohibición del uso de las expresiones “presos políticos” y “exiliados” en los medios públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, considerada por Torra como un acto de censura. Este debate interesará también a Ciudadanos, para capitalizar sus denuncias que dieron lugar a las resoluciones de la JEC.

El capítulo de las recriminaciones ocupará también su tiempo en una cámara tan dividida. Desde el cruce de críticas por la responsabilidad de tantos presupuestos no aprobados (en el Congreso, en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona) a las exigencias del gobierno catalán para que la Administración Central les haga efectivos los avances correspondientes al IVA e IRPF, casi mil millones, según los cálculos de Pere Aragonés. Tampoco faltará por parte de los grupos independentistas la comparación del gobierno Sánchez al gobierno Rajoy por no haber levantado el control financiero de las finanzas de la Generalitat. Todo, menos hablar del penoso balance de la legislatura catalana, salvo para insistir que ésta nació condicionada por el 155 y la prohibición del TC de la investidura de Puigdemont.