El Tribunal Constitucional ha dejado claro que los gobiernos de las grandes ciudades sólo podrán estar integrados por concejales electos, es decir por personas que hayan votado los ciudadanos. Se finiquita así un truco legal diseñado en 2003 por el Gobierno de José María Aznar bajo el pomposo nombre de Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como Ley de Grandes Ciudades, con la que cedió a una condición que le puso Alberto Ruiz Gallardón para dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ser candidato a la Alcaldía de la capital. Gallardón sabía que no iba a poder imponer su lista, más allá de su número dos Luis Cobo, por lo que pidió poder nombrar "delegados de área", o lo que es lo mismo, concejales nombrados a dedo. El Constitucional ha acabado con la triquiñuela.

Ana Botella se queda sin dos 'concejales a dedo'
Es cierto que la actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella -que heredó el puesto de Gallardón sin pasar por las urnas- heredó también la deuda municipal más alta de España y una de las más altas de Europa, así como un organigrama cargado de asesores y concejales-delegados no votados con sueldos superiores a los de un ministro. Como Botella dejó todo como estaba -ni ha suprimido asesores ni concejales a dedo- ahora la sentencia del Constitucional le obligará a afrontar su quinta crisis de Gobierno municipal en poco más de un año. El Ayuntamiento de Madrid tiene dos delegados responsables de área que ya no podrán seguir desempeñando esas funciones.

Dos concejales no votados que manejan la mitad del presupuesto
El delegado del área de gobierno de las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y el delegado de Medioambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, manejan la mitad del presupuesto municipal que asciende a un total de 4.300 millones de euros. Es decir, dos personas no elegidas por los ciudadanos manejan  más de dos mil millones de euros. La sentencia del Tribunal Constitucional anula el precepto que les permitía ejercer tareas en gobiernos municipales.

Recurso de Cataluña
Fue la Generalitat de Cataluña la que presentó un recurso contra la Ley de Aznar en el Tribunal Constitucional. El Gobierno catalán consideraba que la reforma de la Ley local de Aznar vulneraba sus competencias, pero más allá de esta cuestión, el alto Tribunal sentencia que "los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley". Ello implica que los alcaldes no podrán nombrar delegados de área, con funciones iguales a las de un concejal, lo que afectará a todas las grandes ciudades, pero especialmente a Madrid.