A la segunda ha ido la vencida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, coge aire tras dos semanas horribilis. El Congreso de los Diputados ha logrado los apoyos necesarios para reformar -por fin- el sistema asistencial de desempleo, que protege a los parados que ya han agotado su prestación contributiva. Tras un rechazo inicial en el mes de enero, Podemos ha prestado sus votos para aumentar la cuantía de 480 euros a 570, con el fin de proteger a más colectivos y mantener en el 125% la base de cotización para mayores de 52 años. Un aspecto clave para recolectar el ‘sí’ de los morados, pues este fue el principal punto de fricción entre Sumar y la fuerza dirigida por Ione Belarra, que se sumaron al rechazo de PP y Vox, que en esta ocasión han optado por la abstención. Al mismo tiempo, la Cámara Baja ha dado luz verde a la prevalencia de los convenios autonómicos, contraprestación al PNV por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Así las cosas, la realidad cambiará para algo más de medio millón de personas en situación de desempleo, que pasarán de recibir una cuantía del 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), que está fijado en 600 euros, al 95% en el primer semestre. Traduciéndose a cifras, el subsidio pasa de 480 a 570 euros; cayendo al 90% en los seis meses posteriores y al 80 lo que dure la prestación. Sin embargo, tendrán que esperar hasta noviembre para notar este cambio sustancial; unos cinco meses después de lo previsto. Además, se amplía el colectivo de beneficiarios y se abre la mano a compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo.

A él se podrán acoger también personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, además de emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales del sector agrario de todo el Estado. La reforma contempla la compatibilidad de los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con el Régimen General, comprometiéndose a una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.

Un nuevo derecho

La encargada de defender la reforma ha sido la propia Yolanda Díaz, que desde la tribuna del Hemiciclo ha respaldado la iniciativa de su ministerio alegando que “no debería haberse dilatado un minuto más su puesta en marcha”. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo expone que “quien peor lo pasa” debe cobrar 90 euros más al mes, que es la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no comerlo. Por tanto, ha remarcado que no se trata de “una paguita”, sino de un “derecho” para que muchas familias españolas “puedan vivir mejor”.

La vicepresidenta ha focalizado un grueso de su intervención a agradecer a la patronal sus aportaciones a la reforma, máxime después de que la representatividad empresarial en la mesa de diálogo social optara por desvincularse del acuerdo entre sindicatos y Moncloa para el diseño de un nuevo sistema del subsidio. Mismas palabras de agradecimiento le ha dedicado a los agentes sociales por estos meses “largos de trabajo”. “Han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma”, ha precisado.

La normativa mantiene en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) la base de cotización para los receptores del subsidio mayores de 52; cifra que contrasta con la fricción que descabalgó a Podemos de la convalidación el pasado mes de diciembre al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con todo ello, tanto Podemos como el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han celebrado que Trabajo mantuviera la base de cotización.

Prevalencia de los convenios autonómicos

Al margen de la reforma del subsidio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha celebrado que la iniciativa de Trabajo incluya la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y sectoriales siempre y cuando los primeros garanticen condiciones más beneficiosas para el trabajador. Esta inclusión es fruto del acuerdo de investidura, como contraprestación a los jeltzales por su apoyo a Pedro Sánchez.

No obstante, los sindicatos no han correspondido con la misma efusividad la inclusión de esta prevalencia, al entender que “pertenece a la naturaleza esencial de nuestra actividad” y debería someterse primero al consenso del diálogo social. Tanto UGT como CC.OO ponderaron el cambio como una suerte de “intromisión” en las funciones que el artículo 7 de la Constitución Española atribuye a las “organizaciones sindicales y empresariales”. Desde la patronal, por su parte, coinciden en que es un “desprecio” al diálogo social y entienden que supondrá un “deterioro de la cohesión social y de la competitividad” de la economía y las empresas en España.

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