Hablamos de jóvenes con cada avance social que ponemos en marcha. Por obvio y manido, no hay que dejar de recordar que son el presente y el futuro, y por tanto, su situación es la imagen del modelo al que aspiramos.

Hablamos de una generación injustamente estereotipada, que lleva demasiado tiempo cargando con la mochila de la incertidumbre, mientras da la voz de alarma sobre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad: cambio climático, igualdad real y efectiva o el déficit generado entorno a la atención a la salud mental son sus grandes caballos de batalla, probablemente para evitar que les dejemos un mundo inhabitable, polarizado, marcado por prejuicios sobre la diversidad y la inclusión.

Hacer política para corregir 13 largos años de falta de oportunidades (desde la crisis financiera de 2008), que han provocado que casi el 70% de las y los jóvenes perciban un futuro peor que el que tuvieron sus padres, es de justicia además de necesario para asegurar oportunidades de prosperidad para todas y todos, porque la lucha contra la desigualdad es más eficaz con mejores políticas de juventud.

Tanto es así que la UE ha declarado el 2022 como año Europeo de la Juventud, con el objetivo de que sea parte activa en la toma de decisiones que definan la Europa del futuro, a la vez que los Estados Miembros se obligan a dar más apoyos a las y los jóvenes con medidas que reviertan el mayor impacto negativo que les ha supuesto la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia.

Con cada paso adelante que damos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, hemos de poner a la juventud en el centro; así la actividad legislativa de este 2022 es prueba de un comienzo de año determinante en la construcción de proyectos vitales presentes y futuros que garanticen oportunidades en equidad.

Enero cierra con pensiones que mantienen permanentemente el poder adquisitivo de quienes las perciben, dando a su vez sostenibilidad al sistema público de pensiones, porque garantizar pensiones dignas implica elevar la mirada para no olvidar a quienes hoy sostienen el sistema y mañana serán pensionistas.

Con el 2022, también ha visto la luz el necesario marco normativo que, por primera vez en nuestro país, hará del derecho a la vivienda un derecho realmente efectivo, obligando con ello a que los poderes públicos impulsen su función social y eviten la especulación con un bien de primera necesidad, que ha de consolidarse como el quinto pilar del Estado del Bienestar.

Y tras una larga travesía en el desierto de la temporalidad y la precariedad laboral, abrimos el año con un nuevo marco de relaciones laborales para la creación de empleo estable y decente con las garantías de un crecimiento económico sostenible.

Jóvenes que habían normalizado emancipación como un problema, principalmente por precios que les mostraban una utopía en el acceso a la vivienda con el agravante de bajos salarios y escasa seguridad laboral por la temporalidad de sus contratos, hoy pueden mirar al futuro y ver en él la oportunidad de elegir un proyecto de vida.

Todo ello, situado en el contexto de profunda modernización de nuestro tejido productivo, con la garantía de estabilidad que da la política ejercida desde el diálogo y la búsqueda del consenso con la mayoría social de nuestro país, nos da la fórmula para seguir avanzando en justicia social, crecimiento económico y calidad democrática como premisas que inspiran el modelo al que aspiramos.

Todo ello, y con enero cerrado…

Belén Fernández es viceportavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congreso y secretaria de Cooperación Internacional del PSOE