En su página 17 el texto proponía literalmente el “establecimiento en 2010 de un procedimiento de compras agregadas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), al que las Comunidades Autónomas se puedan sumar de manera voluntaria y elaborar e implantar un sistema de información que permita compartir entre las CCAA los precios de compra a diferentes proveedores”.
Boicot del PP
Las comunidades del PP fueron las que exigieron que el procedimiento fuera voluntario y ninguna de ellas dio el paso adelante después, porque ello habría dado más protagonismo al Ministerio de Sanidad, en manos de una ministra socialista. Paralelamente, dentro de sus territorios, algunas de ellas, como Murcia, sí pusieron en marcha compras centralizadas para sus sistemas hospitalarios con el fin de ahorrar costes.
La gran idea de Cospedal
María Dolores de Cospedal ha lanzado ahora como gran idea crear una central de compras unificada para todas las comunidades autónomas en las que gobierna su partido. La propia Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha confirmaba este pasado fin de semana la existencia de contactos con otros gobiernos autonómicos del PP para, según dicen, dar forma a lo que podría convertirse en una plataforma conjunta de productos sanitarios.
Un ahorro mínimo de 1.700 milones
En España, el 25% del gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud proviene de la compra de los denominados “consumibles” (guantes, jeringas, material clínico, etc.) y de los medicamentos pagados íntegramente o subvencionados por la sanidad pública. Esto supone un coste anual de unos 17.000 millones de euros, de los que la propuesta de Trinidad Jiménez, mantenida después por su sucesora, Leire Pajín, pretendía recortar al menos un 10%, es decir, unos 1.700 millones al año.
Cospedal sube la apuesta
Ahora la presidenta castellano-manchega dice que con la compra conjunta que ella propone se puede llegar a ahorrar un 20% de la factura de costes de consumibles y medicamentos. Esto quiere decir que si las comunidades autónomas se hubieran sumado a la propuesta que ellas mismas firmaron en marzo de 2010 podrían haberse ahorrado ya este año hasta 3.400 millones de euros adicionales a los 1.500 millones que se van a ahorrar por la imposición legal de favorecer las recetas de medicamentos genéricos.
Política
