Beatriz Tomo en las protestas contra María Dolores de Cospedal. UGT Beatriz Tomo en las protestas contra María Dolores de Cospedal. UGT



La presidenta del Gobierno castellano-manchego, María Dolores Cospedal, ha demostrado sentir poco o nulo respeto por las sentencias judiciales y menos todavía su disposición a acatarla y aplicarlas a pesar de que éstas sean firmes y dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ratificadas, nada más y nada menos,  por el Tribunal Supremo. La también secretaria general del PP ha demostrado vivir en un mundo onírico regido por sus gustos y decisiones personales, erróneas decisiones que en el caso que nos ocupa le cuestan a las arcas del “cortijo manchego” la friolera de 30.000 euros diarios; o lo que es lo mismo: la terquedad y el despotismo de la jefa del Ejecutivo ha provocado ya un agujero en las cuentas regionales de más de 30 millones de euros (y sigue engordando), que tendrá que pagar, sí o sí,  a los 400 interinos despedidos en agosto de 2012, aunque todo apunta a su intención de “pasar el muerto” al próximo presidente de la Junta de Comunidades sabiendo como sabe que no podrá revalidar su victoria de 2011, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes socialistas.

Nuevas vías judiciales
El caso es que la Federación de los Servicios Públicos de UGT, que lidera en Castilla-La Mancha la combativa Beatriz Tormo, le ganó a Cospedal en los tribunales lo que ésta negaba a los sindicatos: el derecho fundamental de negociación colectiva. Derecho que la lideresa castellano-manchega vulneró de forma flagrante, según los altos tribunales que han dictado sendas sentencias en este sentido, al despedir a 400 trabajadores interinos que ahora se niega readmitir. De ahí que la representante ugetista diga que Cospedal “pretende chulear a los interinos, a los jueces y, lo que es más grave, chulear a los tribunales e intentar no cumplir la sentencia”. Y esto UGT no lo va a permitir y está decidida a utilizar “todas las vías legales, aún por determinar por nuestros servicios jurídicos, incluido el envío de un informe a la Fiscalía para que actúe de oficio; lo que sea necesario para impedir que se salgan con la suya”, concreta en declaraciones a este periódico.

“Cospedal, a Soto del Real”
Pero UGT, además de las medidas legales, lleva a cabo junto a los sindicatos CC OO y CSIF, entre otros, movilizaciones sociales como la protagonizada este miércoles en Toledo donde numerosos interinos y representantes sindicales se han concentrado ante las dependencias del Gobierno de Castilla-La Mancha para exigir mediante una cacerolada el cumplimiento de la sentencia y que Cospedal no intente sortear “su aplicación con tejemanejes y mentiras”. Los concentrados no han ahorrado calificativos y eslóganes para criticar la política en materia de función pública llevada a cabo por la presidenta conservadora castellano-manchega. “Cospedal, a Soto del Real”, o “Cospedal dimisión, interinos readmisión”, han sido algunas de las proclamas proferidas por los concentrados.

Amparo ante el Alto Tribunal
La situación es alarmante. La decisión de Cospedal de no acatar la sentencia parece firme, como lo prueba la convocatoria para el próximo martes, 16 de diciembre (ver documento), de la Mesa Sectorial, que los sindicatos pretenden frenar pidiendo medidas cautelares que pasan por su suspensión, donde el Gobierno del PP no solo no va a dar cuenta de sus intenciones de crear las plazas de trabajo que amortizó en 2012 y de cómo va a abonar el salario correspondiente a esos interinos despedidos (30 millones), sino que, para más “chuleo”, anunciará la destrucción de otras cien plazas más (ver RPT). Demasiadas provocaciones para que los sindicatos se queden de brazos cruzados. Por eso han convocado para este sábado, a las 12 horas, en la Plaza de Zocodover de Toledo, una manifestación que precederá a la protesta que realizarán frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sito en la Plaza del Altozano de Albacete, donde reclamarán el amparo de este tribunal ante el incumplimiento que el  Gobierno de Cospedal está haciendo de la sentencia que le obliga a reintegrar en sus puestos a los 400 interinos despedidos en agosto de 2012.