Tras el depósito de la fianza, el juez Fernando Andreu ha dictado un auto en el que se acepta la fianza presentada por Correa y se ha solicitado al juez de guardia de Colmenar Viejo, localidad más próxima a la cárcel de Soto del Real, que ejecute la puesta en libertad del recluso.

Fondos desbloqueados
Los fondos, depositados en Bankia, fueron embargados en julio de 2011 por orden del anterior instructor de la causa, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que tomó esta decisión tras imponer a Correa una fianza pecuniaria de 85 millones de euros en previsión del pago de las indemnizaciones que se les pudieran imponer en sentencia.  Ruz ordenó levantar el embargo tras recibir, el pasado 28 de mayo, un informe de la Agencia Tributaria en el que se apuntaba al origen "lícito" de los fondos y otro de la Fiscalía Anticorrupción en el que se avalaba la adopción de esta medida.

Evasión de capitales
Correa, que está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, fue enviado a prisión por el juez Garzón para evitar que pudiera evadir capitales al extranjero o dificultar el avance de la investigación.  En junio de 2011 el juez Pedreira impuso a Correa una fianza de 15 millones de euros, la segunda más alta de la historia judicial española, aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJM la anuló en septiembre de ese año y avaló la posibilidad de que el imputado saliera de la cárcel bajo el control de un brazalete electrónico. El juez rehusó esta sugerencia y mantuvo al imputado en prisión provisional.

No podrá salir de España
Cuando quede en libertad, el presunto cabecilla de la trama Gürtel tendrá prohibido salir del territorio nacional y estará obligado a comparecer todos los días en un juzgado (lunes y festivos en la Audiencia Nacional) y "siempre que sea llamado". Además, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó el pasado lunes desbloquear el patrimonio personal de Correa para pagar los honorarios de su abogado y procurador (120.000 y 3.500 euros, respectivamente) en un auto en el que le sugería que, si no podía pagar sus servicios, pidiera "asistencia letrada gratuita, como cualquier persona".