Cristina Cifuentes ha dado un paso más y ha renunciado a seguir siendo la presienta del PP de Madrid. Así se lo ha comunicado por carta a su íntima amiga y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Cifuentes asegura que esta es una “decisión muy dolorosa”, pero que la toma para no dañar a su “querido partido” ni a los madrileños.

El pasado miércoles, Cifuentes dimitía como presidenta de la comunidad de Madrid. Desde hacía días, Mariano Rajoy y el partido estaban presionándola para que tomara la decisión tras la polémica de su supuesto máster fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero la publicación de un vídeo en el que se ve a la popular robando, presuntamente, dos cremas de belleza, hizo que se precipitara su dimisión.

Sin embargo, parece que Cifuentes se resistió a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, que fue Cospedal la que se reunió con ella y le convenció. Ahora, Cifuentes vuelve a dimitir, en esta ocasión al frente del PP de Madrid, y para comunicarlo ha escogido refugiarse de nuevo en su amiga Cospedal.

Su sustituto será el actual presidente en funciones de la Comunidad de Madrid: Ángel Garrido. El que fuera su mano derecha es la persona escogida para tapar los dos huecos que deja Cifuentes. Incluso Garrido tendrá que presentar los actos del día grande de Madrid, de las fiestas del 2 de Mayo.

Se aferra al aforamiento

Eso sí, la resistencia que mostró cuando pronunció el ya célebre: “No me voy, me quedo. Me voy a aquedar”, vuelve a aflorar.

Cristina Cifuentes seguirá siendo diputada regional en la Asamblea de Madrid. ¿Qué significa esto? Que mantiene su condición de aforada, algo muy importante en el caso de tener que hacer frente a responsabilidades con la Justicia.

No sólo por su máster, sino porque hay que recordar que Cifuentes todavía puede ser imputada por el caso de la adjudicación del contrato para gestionar los servicios de la cafetería de la Asamblea de Madrid, dentro de la trama Púnica.

El caso de la Cafetería de la Asamblea

Hay que recordar que Cifuentes ya estuvo a un paso de la imputación. Tal y como contó ElPlural, el 16 de mayo de 2017, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionó a Cristina Cifuentes con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. El contrato era para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid mientras que la misma Cifuentes era la vicepresidenta de la cámara autonómica.  

El auto de la UCO era contundente: pedían al juez Eloy Velasco, que por entonces llevaba la instrucción de la Trama Púnica, que imputara a Cifuentes por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por esta adjudicación. Y es que, tras conseguir el contrato, el empresario habría hecho una donación al PP de Madrid.

Fernández, también expresidente de la patronal madrileña y muy vinculado al PP de Madrid, ganó el concurso en 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió la Mesa de Contratación en esas licitaciones. Por ello, la UCO creía que los concursos de los años 2009 y 2011 pudieron estar amañados.

Sin embargo, pese a que los indicios con los que trabajaba la UCO eran cuanto menos llamativos, el juez Velasco rechazó la imputación de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid.

“De verdad alguien tiene alguna duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito”, preguntó Cifuentes.

Un caso no cerrado, el nuevo juez se niega

Pero este caso que investiga irregularidades en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea no está cerrado. En medio del escándalo de su máster, el pasado 12 de abril, el juez que en la actualidad lleva caso Púnica, Manuel García Castellón, respondía a la petición de sobreseimiento que hizo la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y que adelantó este periódico.

Pedía que se cerrara la investigación del caso, pero el juez de Púnica se negó sobreseer la causa. La investigación y el futuro de Cifuentes y otros señalados sigue en el aire.