A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le sigue persiguiendo la adjudicación que hizo en 2009 sobre la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández y su Grupo Cantoblanco.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación sobre la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigada a la entonces responsable de los servicios jurídicos de la cámara regional, Tatiana Sonsoles Recoder, “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”, según la providencia judicial a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.
Esta citación acerca peligrosamente a la investigación a la figura de Cifuentes, que por entonces era presidenta de la mesa de Contratación de la Asamblea, y se suma al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que vinculó a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la presunta financiación ilegal del PP. La UCO pidió al por entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, que investigase los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por la adjudicación de la cafetería, tras la cual, el empresario habría hecho una donación de 160.000 euros al PP de Madrid a través de su fundación Fundescam.
Cifuentes se escudó en los técnicos
Tras conocerse el informe de la Guardia Civil, desde presidencia de la Comunidad de Madrid y la Asamblea se maniobró para proteger a Cifuentes, como un informe jurídico de la Secretaría General de la Cámara.
La propia líder del PP madrileño se defendió de estas acusaciones ante la comisión de Investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, asegurando en un tono crispado que ella no sabía nada y que no valoró nada ni decidió absolutamente ningún detalle sobre la adjudicación del contrato para la explotación de la cafetería de la Asamblea, que fueron los técnicos de la Cámara.
