El juez de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada y Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena se encuentran en la lista de futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados por el PP y el PSOE, que tendrá mayoría progresista. El mandato del actual órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, concluye el próximo 4 de diciembre.
Según han confirmado a fuentes conocedoras del acuerdo -en el que el PP ha cedido la mayoría a cambio de que el presidente del órgano, y por lo tanto del Tribunal Supremo sea Manuel Marchena, actual presidente de lo Penal del alto tribunal y quien iba a ser ponente de la sentencia contra los exdirigentes independentista- en la parte progresista estarán también Ángel Ramón Arozamena, y José María del Riego, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo.
También entraría como propuesta progresista en el Consejo José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Suena igualmente el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional y actual magistrado de su Sala de lo Penal Fernando Andreu, la que ya fuera anteriormente vocal y actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán y la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra Esther Erice, de Jueces para la Democracia (JpD).
La que no se da por segura en este momento es a la juez en Canarias y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, que de entrar finalmente sería la vocal del partido morado en el futuro Consejo del Poder Judicial.
Por lo que respecta a José Ricardo de Prada se encuentra actualmente en servicios especiales en el tribunal internacional que debe revisar la condena de Radovan Karadzic, razón por la que quedó fuera de la lista de 50 jueces entre los que se elegirán a los doce de este origen en el nuevo órgano de gobierno de los jueces que se renovará a principios de diciembre.
Este magistrado, a quien se atribuyen las frases más contundentes de la sentencia que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy, entraría según las mismas fuentes dentro cuota de ocho juristas de reconocido prestigio que también deben conformar el nuevo Consejo del Poder Judicial.
En esta cota de juristas por parte del PSOE también entraran en el CGPJ dos juristas procedentes de la universidad: Carmen Sáez Lara, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba desde julio de 2000, y fue letrada en el Tribunal Constitucional; y Bernardo Fernández Pérez, profesor Asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo y exalto cargo del PSOE en Asturias.
A ellos se unirán la fiscal Pilar Fernández Pérez, actualmente en Santiago de Compostela y experta en violencia de género, y Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia que fue secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional y doctor en derecho procesal.
En la parte conservadora, fuentes conocedoras del acuerdo han señalado que además de Espinosa estarán en el Consejo magistrado también de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero. Suena también para este sector la nueva juez de la Audiencia Nacional y exconcejal del PP María Tardón.
Por otro lado, por los propuestos por el PP de la cuota de juristas son el senador del PP Manuel Altava, el exdiputado del PP y abogado José Miguel Castillo y la fiscal Rosa Rubio.
Pacto entre ministros
Los nombres han sido negociados directamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado y el exministro Rafael Catalá en seis o siete reuniones cuyos resultados después consultaban tanto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez como al presidente del PP, Pablo Casado.
La negociación se atascó en diez vocales para cada uno de los partidos al no encontrarse consenso para el presidente del Tribunal, ya que el PSOE pretendía que fuera una mujer y para este puesto sonaban, entre otras, las magistradas del Supremo Ana Ferrer, Pilar Teso y Lourdes Arastey o la magistada del Constitucional Encarnación Roca.
Finalmente el PP cedió la mayoría progresista a cambio de colocar en la presidencia a Marchena, de quien confían en su capacidad para negociar con los progresistas, si bien queda en el aire quien será ahora el presidente y ponente de la sentencia del procés que se preveía que comenzara en enero.
