Joaquín González-Herrero González, el fiscal que pidió el archivo de la causa que investigaba la venta de 32 promociones de viviendas del Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) al fondo Azora-Goldman Sachs es hermano del juez Juan Pablo González, quien fuera recusado en el caso Gürtel por sus vínculos con el PP. Este magistrado, ahora en la Audiencia Provincial de Madrid, será el encargado de decidir sobre el recurso que presentarán las familias afectadas por esta operación.
La semana pasada, se conocía la sentencia del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que daba carpetazo a esta causa, abierta tras la venta a Azora-Goldman Sachs, el 29 de agosto de 2013, de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales, una operación plagada de irregularidades y sin justificación fundamentada, en la que se han sucedido acontecimientos llamativos a lo largo de su instrucción.
La clave: el cambio de fiscal
A finales de 2018, de manera sorprendente, la Fiscalía cambió de criterio y después de afirmar, como hace un año, que el proceso de la operación de venta estuvo “trufado de irregularidades”, en diciembre pidió el archivo de la causa porque “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni el delito de prevaricación ni del de fraude”. ¿Qué determinó el cambio de criterio? El cambio de fiscal.
¿Y quién fue el fiscal llegado, por sorpresa, a este caso? Joaquín González-Herrero González, quien desarrollaba su carrera en Bruselas desde hace 20 años, como consejdero de la dirección de la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la Unión Europea, desde que fuera nombrado durante el Gobierno de José María Aznar.
Según han explicado a El Plural fuentes jurídicas vinculadas al caso, se ha dado la situación excepcional de que el escrito de la Fiscalía no sólo está firmado por González-Herrero, sino, también, por el fiscal decano Enrique Remán Peñalver. "Pueden haber dos causas para explicar esta circunstancia rara: que el fiscal no estuviera de acuerdo con el texto y pidiera que su jefe lo suscribiera también o que el dictamen del Ministerio Público estuviera ya decidido y que simplemente se hubiera usado la firma de González-Herrero".
El fiscal Joaquín González-Herrero en una entrevista en SegoviaDirecto.com
El hermano juez aupado por el PP
Este fiscal es hermano del juez Juan Pablo González, que fue recusado en el caso Gürtel por sus vínculos con el PP, y que es actualmente presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se dirimirán los recursos contra la sentencia de archivo de este caso.
El juez González entró en el Consejo General del Poder Judicial gracias a los votos de 223 senadores del PP en 2001, varios de ellos salpicados por el caso Gürtel. Entre los apoyos más destacados que tuvo el magistrado estuvo el de Esperanza Aguirre y de Pío García Escudero. Su carrera siguió ligada al partido y en 2012 Rajoy le designó juez enlace en París hasta 2015, que fue fichado para la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso Gürtel.
El otro hermano, diputado y concejal con el PP
El fiscal es también hermano de Manuel González, exdiputado del PP entre 1999 y 2000 y cabeza de lista en las elecciones municipales de 2003 al Ayuntamiento de Carranza. Fue, además, vicepresidente de la Diputación Provincial de Segovia y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia.
Otras claves
Como se ve, el caso ha quedado en manos de dos personas con fuertes vínculos con el PP, los hermanos Joaquín y Juan Pablo González-Herrero. Pero no han sido las únicas situaciones relevantes ocurridas en este caso. En junio de 2017, el anterior fiscal pidió que se prorrogara la instrucción del procedimiento judicial durante un año y medio, ya que el plazo fijado estaba próximo a expirar y aún el juez no había recibido el informe que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid. ¿Y quién estaba al frente de este departamento? La hermana del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, Raquel Catalá Polo.
El ministro Catalá era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el momento de la venta a Goldman Sachs.
Catalá fue secretario de Estado desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014, cuando, a pesar del escándalo de la causa del IVIMA, Rajoy le premió con la cartera de Justicia. En julio de 2016 volvió a Fomento como ministro interino, sustituyendo a Ana Pastor, que fue nombrada presidenta del Congreso.
En declaraciones a El Plural, el abogado de los afectados, Miguel Muga, denunció que “la Administración está retrasando los procedimientos” y “obstruyendo la práctica de las pruebas” y advirtió del temor de que se pretendiera archivar el caso.
El perito empresario con vínculos con Goldman Sachs
Los retrasos en Hacienda atribuidos a la hermana de Catalá pasaron por el escándalo del nombramiento de un perito, Antonio Laquidain Hergueta, rechazado por el juez después de que El Plural desvelara sus vínculos empresariales con el fondo Goldman Sachs, adjudicatario de las viviendas públicas.
